Un DVR de suspiro, ya casi olvidado

14 octubre, 2014 § Deja un comentario

Carlos Burciaga López.

El Distribuidor Vial Revolución, una inversión que costó $ 138 millones de pesos y que posteriormente se le sumaron aproximadamente $250 millones más en reparaciones para  terminar con su demolición, con un total erogado de $390 millones en una infraestructura vial que tuvo una vida de cuatro años y cuyo único culpable, después de tercerías y revisión de bitácora, según las autoridades fue el ingeniero Manuel Gómez Parra, Master en Ingeniería de Tránsito, director de caminos de la Secretaría de Obras Públicas del estado en el momento de la construcción del Distribuidor Vial Revolución.

¿Podemos exponer que fue mal construida? Cuando la compañía Acolsa, responsable de la construcción reporto movimiento rotatorio en el cuerpo principal del viaducto, en el primer segmento elaborado, esto es en los primeros pasos de construcción del viaducto elevado, al continuar el cimbrado en el avance de obra. Aquí se debió de parar la obra, ¿por qué siguió? Fue mucha la conjetura por parte de la compañía supervisora “Coordina” y el  principal supervisor del DVR el secretario de Obras Públicas el ingeniero Jorge Viesca Martínez, que no es ingeniero civil, más fungía como principal supervisor de la obra, por parte del estado al ser el Secretario de Obras Públicas.

Ya que se fue ajustando en su continuidad el cimbrado para ir vaciando y colando el concreto, el problema se iba ocultando, un vicio oculto más. Cuando se presentó el problema  se enfatizó que  era con los neoprenos (elemento  en las juntas termocinéticas). Se recurrió a la empresa proyectista BM y a la tercería para dictaminar la obra. Aquí un alto: ¿qué fue lo que determino o indico que era una obra mala? Se resaltan los accidentes viales, donde vehículos de carga cayeron de lo alto del viaducto, en ese momento era inverosímil creerle a un conductor cuando afirmo que el pavimento se había movido, afirmación poco conocida y difundida, ocasionado que fuera encarcelado por la muerte de un transeúnte que circulaba por el carril inferior, preguntemos ¿si hubo justicia para el operador de quinta rueda?

¿Obra mal realizada por no apegarse a las especificaciones técnicas del proyecto?, hagamos una reflexión en este punto y cuestionemos el ¿por qué? del momento que se presentaba en la estructura y se resaltaba como torsión, lo que modificaba peraltes y ocasionaba declinación negativa del área de rodamiento. ¿Por qué no se dieron cuenta del error del proyecto? En este punto: ¿cuál era ese error de diseño? Ni más ni menos que el punto de equilibrio del cajón de soporte del área de rodamiento y el punto de apoyo (columna), error de geometría descriptiva que no sumaba la parte termodinámica de la misma superficie de impacto.

Por ello se presentaba a mayor carga y velocidad sobre el arroyo (carriles de circulación) mayor declinación del peralte, por estar el punto de apoyo desfasado del centroide, lo que provocó la caída vehicular del viaducto. Y que a futuro fuese presentando torsión, expresado en grietas y trasposiciones de la estructura. Y al suponer conocer la causa, reparaciones erróneas por no deletrearlas como estúpidas, entiéndase: por desconocer el problema que ocasionaba el mal funcionamiento de la estructura.

¿Quiénes son los culpables del despilfarro de $390 millones?  Se puede hablar de ellos. Reflexionemos: la obra en el proceso de construcción dio indicios que algo estaba mal, ante ello la constructora anoto y reporto el hecho, sin embargo la autoridad que también era supervisora la Secretaria de Obras Públicas del Estado cuyo titular era el ingeniero Jorge Viesca Martínez, no tuvo la capacidad técnica para determinar que ese pequeño desfasamiento era un gran problema, permitiendo su continuidad, era más importante terminarla. Y que ni la empresa proyectista ni la compañía supervisora externa pudieron solucionar el problema satisfactoriamente después que se presentó éste, por no saber cuál era la causa ¿Por qué?

Negligencia o una total falta de capacidad y conocimiento del sistema constructivo que se estaba empleando. Lo más sorprendente es que una obra con problemas de esta índole fue premiada y nunca después de ser demolida le retiraron el premio otorgado. El único sentenciado el ingeniero Manuel Gómez Parra, quien supervisaba las obras del estado de Coahuila, mas no la del DVR, aun cuando estaba la misma dentro de su jurisdicción  el ingeniero fue también asesor del Consejo de Vialidad de Torreón.

Preguntemos ¿qué acaso las autoridades involucradas no son culpables de la mala inversión de recursos de $390 millones? Llámese Obras Públicas del Estado y por ende los titulares de la misma. ¿Por qué la autoridad no busco el resarcimiento de los $390 millones? ¿O si lo hizo, efectivamente? ¿Recupero algo o nada? ¿Hubo y sí existió de cuanto fue la cuota?¿Se seguirán presentando casos semejantes?¿Habría usurpación de funciones de los mismos funcionarios?

Cuestionamientos que en otras latitudes se responden cuando la ciudadanía pregunta y se llega a destituir a sus representantes por ineptos y además se les sanciona. Todo ello por desgracia y simulación es lo que se percibe. ¿Tendría la capacidad, el responsable de impartición de justicia, de poder ver cuál fue el problema y cómo se debió resolver? Hay muchas dudas sobre ello. Ante lo cuestionado debemos mirar a otros horizontes y darnos cuenta que el titular responsable del área en este caso la Secretaria de Obras Públicas debió de recaer el cargo en un Ingeniero Civil, Ingeniero Municipal, Ingeniero Militar en construcción y demolición, y nunca en un ingeniero similar como define el reglamento de construcciones.

Porque es corresponsable de lo que se construye en el Estado, entonces aquí ¿por qué fue exonerado el Ingeniero Mecánico Administrador Jorge Viesca Martínez? ¿Por qué no fue contundente la tercería de la UNAM? El Peritajes hechos por especialistas del Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Grupo de Ingenieros Militares Asociados descubrieron grietas y huecos que hacían riesgoso la circulación de los transeúntes por los cuatro puentes pero no informaron por qué se presentaban exactamente. ¿Por qué no se marcó como total responsable del fracaso de esta obra a la compañía proyectista BM? Y el gobernador Enrique Martínez, ¿no tiene ninguna responsabilidad por el ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de la función pública de sus subordinados?

Si los llamados experto y peritos no tuvieron la capacidad de entregar en funcionamiento una obra para dar servicio por cien años como lo grito la autoridad, nosotros como ciudadanos debemos por responsabilidad cívica cuestionar a nuestros representantes con carácter de autoridad a rendir satisfactoriamente cuentas y en su caso a pagar las consecuencias.

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