Privatizaciones, propaganda gubernamental y saturación

16 enero, 2014 § Deja un comentario

Se incrementa la contradicción entre la propaganda gubernamental, las decisiones del gobierno y la realidad social

Por Daniel Maldonado

“Cuanto menos es creído realmente el mensaje y cuanto menos está en armonía con la existencia concreta de los espectadores, tanto más se lo mantiene en la cultura moderna. Cabe reflexionar sobre si una inevitable hipocresía es concomitante con el afán punitivo y con la dureza sádica”.
Televisión y cultura de masas.
Theodor Adorno

Cuando la comprobación de los hechos y las ideas se corresponden nos encontramos frente a la verdad, en caso contrario el resultado es la mentira, la enajenación, lo parcial y en el caso del discurso propagandístico, la demagogia: exposición de ideas en las que no se cree y que no se piensan llevar a cabo. Desde los años ochenta, con la imposición por la vía del fraude del Salinato, que contó con el contubernio del Partido Acción Nacional, los medios de comunicación pasaron de ser un mero instrumento al servicio del gobierno (los “soldados del presidente” de Azcárraga), para transformarse en un elemento en campaña permanente, una herramienta propagandística e ideológica que inunda los espacios mediáticos con la simplificación de temas prioritarios, con promocionales cargados de supuestas buenas intenciones, promesas de mejoría social y abundante autocomplacencia, tal como el espot que se difunde desde finales de diciembre en el que la Cámara de diputados pone a niños a felicitar a los legisladores por los supuestos beneficios del presupuesto aprobado para el 2014; un ejercicio onanista que contrasta el dato duro del daño al patrimonio de las familias mexicanas: gracias a las (contra) reformas económicas, cada familia tendrá que gastar 20% más de su presupuesto en comparación con el año pasado, según centros de estudios económicos mexicanos. Esta avalancha de promocionales, en los que incluso se nos pide “nos informemos” acerca del contenido de las contrareformas, por supuesto que a través de unidireccionales páginas oficiales creadas para brindar la visión del gobierno, nos hacen recordar la andanada de espots del programa salinista Solidaridad, con tema musical incluido protagonizado por cantantes de Televisa.

El especialista en los medios de comunicación, Jenaro Villamil, en su libro “Homozapping” (Cuadernos de El Financiero, sin página legal), nos dice cómo a pesar del contraste entre la repetición y la retención –un índice de recordación auditiva de 40 por ciento en ciclos mínimos de diez repeticiones, y de 60 por ciento en ciclos de 30, tras los cuales el mensaje se difumina y se pierde en el enorme hoyo negro de la publicidad artificiosa–, desde el gobierno foxista se dio “la reducción de prácticamente toda la actividad gubernamental al lenguaje mediático, y en particular, al discurso sujeto a la dinámica del spot”; hábito que ha sido repetido y aumentado tanto por el gobierno calderonista como por la presente administración priísta.

 Ahora, como lo mencioné, se nos invita a “informarnos” acerca de los contenidos y supuestos beneficios que traerán las decisiones gubernamentales de la Reforma Educativa y Energética, modificaciones constitucionales que en los hechos significan la puerta abierta a la privatización tanto del entorno educativo como de la industria energética nacional, un retroceso histórico que será muy difícil de contrarrestar, aún con una gran organización y movilización social, y que pone a México en el eje de los intereses de las grandes petroleras y empresas transnacionales, crea un agujero fiscal que será cubierto por la creación de mayores impuestos y que sólo detonará mayor violencia, carestía, desempleo y descomposición social. Es tal la contradicción entre los promocionales y las promesas de las reformas que a pesar de que se reitera que “bajarán los precios de la luz”, en los hechos, desde enero de 2014, la Comisión Federal de Electricidad aumentó sus tarifas de consumo doméstico 1.2 por ciento respecto al mes de diciembre.

A tal grado ha llegado el temor a la palabra privatización que quien esto escribe llegó a escuchar a un diputado priísta mencionar en una entrevista radiofónica, textualmente las siguientes palabras: “Pemex no se privatiza, sólo se abre a la participación de capital privado”. Esa perla del absurdo cae en los afanes “modernizadores” que desde la imposición de Salinas han tenido una ferocidad en avalancha. Basta recordar las líneas del discurso de toma de posesión de Salinas, citado por Lilia Cisneros Luján, en la revista El Quijote de diciembre de 2013: “Para encauzar los cambios de manera ordenada y lograr que prevalezca el interés general, habremos de modernizar al Estado mexicano (…) Mantendremos la soberanía de la nación sobre los energéticos, enfatizando el ahorro en el consumo, la diversificación de sus fuentes y atendiendo de manera fundamental, aunque no exclusiva, el mercado interno”.

Esa supuesta modernización tuvo sus albores en 1984 cuando mediante cambios a la Constitución se definió a empresas estatales como no prioritarias, las cuales fueron extintas, fusionadas, vendidas al sector privado o transferidas al sector público. En administraciones posteriores se han privatizado prácticamente todos los sectores y áreas productivas nacionales, ya sea mediante contratos, subcontrataciones, cesiones de derechos, concesiones y las llamadas asociaciones público-privadas. Pablo Moctezuma Barragán en el indispensable texto “Las privatizaciones, todo un fracaso”, publicado en la revista Contralínea el 28 de julio de 2013 nos informa que: «Tras las privatizaciones viene el encarecimiento de precios y servicios, la quiebra de las empresas, el rescate por parte del gobierno, la reprivatización, los despidos, el desempleo, la desaparición de empresas nacionales competitivas. Miguel de la Madrid, obediente de los organismos financieros internacionales, encubrió muchas privatizaciones bajo el término de “desincorporaciones”, como parte del “Plan Nacional de Desarrollo”. Tan sólo en 1988 hubo más de 750 “desincorporaciones” de sectores como el minero, manufacturero, química básica y azucarero, en donde el 93 por ciento de las empresas fueron incorporadas a capitales privados. De las 1 mil 150 empresas públicas que existían en 1982, al terminar el gobierno de Carlos Salinas (1994) sólo quedaban 200». En los gobiernos sucesivos se desmantelaron las restantes y así los fondos de pensiones, la minería, las telecomunicaciones, la banca, los fertilizantes, aeropuertos, carreteras y todos los sectores estratégicos se encuentran privatizados, incluso la CFE produce sólo el 50 por ciento de su electricidad y compra electricidad a empresas privadas con el correspondiente aumento en las tarifas.

El mejor ejemplo de cómo las privatizaciones vestidas como benéficas y con resultados reales de aumento de precios y disminución en la calidad en los servicios lo tenemos en Telmex: no sólo detonó la fortuna de Carlos Slim convirtiéndolo en un multimillonario que alcanzó el título del hombre más rico del mundo en un país con 84 millones de personas en pobreza; también encareció los costos, cobró durante años tarifas arbitrarias y lucró con una infraestructura telefónica nacional. Bastaría con leer “Tragicomedia mexicana 3, la vida en México de 1982 a 1994” de José Agustín, para darse cuenta cómo las privatizaciones han dado camadas de multimillonarios a los que tras lucrar con los bienes públicos se les “rescata” con dinero público para luego ser empresas reprivatizadas (el caso Fobaproa y el rescate carretero, paradigmáticos), sin olvidar la continuidad del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) que tras 20 años de aplicación y tras haber profundizado el saqueo de los bienes y recursos nacionales, el empobrecimiento de la población y el aumento de la carestía, además de la dependencia económica, ahora va por una segunda fase en la que se explica, mediante la reforma energética como “Empresas estadunidenses y canadienses que inviertan en el sector energético en México gozan de derechos y privilegios supranacionales consignados en el poco conocido capítulo 11 del TLCAN, por el que pueden obligar al gobierno mexicano a anular normas, regulaciones y condiciones de contratos si consideran que de alguna manera afectan las expectativas de ganancias por su inversión” (“Derechos supranacionales se amplían a energéticos”, Periódico La Jornada, Jueves 2 de enero de 2014, p. 2).

No sólo eso, la industria petrolera a través de la Reforma Energética será desmantelada al competir en condiciones desiguales con empresas extranjeras para el beneficio de políticos y empresarios mexicanos quienes tienen negocios con las petroleras: Luis Videgaray, Jesús Reyes Heroles, Pedro Aspe, Juan José Suarez Coppel, Georgina Kessel Martínez, Adrián Lajous Vargas, Carlos Ruiz Sacristán, entre otros funcionarios y ex funcionarios relacionados con institutos nacionales referentes a energía, hidrocarburos, hacienda y otros sectores de la administración pública (pormenorizado en “Los políticos mexicanos que son socios de petroleras extranjeras”, Conrado García Jamín, revista política El Quijote, diciembre 2013).

Mientras en la “República del espot” la saturación continúa y se nos venden fórmulas mágicas e irreales de beneficio social, en los hechos se encuentra la destrucción del Estado mexicano. Con el áureo broche de la Reforma Energética se sella la subordinación del país y el regreso a condiciones similares a las prevalecientes antes de la Expropiación petrolera e incluso semejantes a las prevalecientes antes de la Revolución Mexicana, a esto se suma la cesión de la soberanía, la subordinación productiva y financiera ante Wall Street, la subordinación militar y territorial al Pentágono y sus servicios de espionaje establecido durante la gestión de Calderón y García Luna, la subordinación política ante Washington, la transformación de México en un Estado satélite de Estados Unidos y el aumento de la devastación económica, política y social.

Ante este panorama desolador, no apocalíptico, sino derivado del análisis de las condiciones presentes y de los hechos, sólo podrá oponerse y reconstruir con miras a corto y largo plazo, con objetivos bien definidos y unión de luchas en conjunto, la organización social y un gran estremecimiento de la nación entera. El trabajo de información, organización y creación de conciencia que devuelva el ejercicio del poder político a los ciudadanos para transformar las condiciones existentes, centrándose en la desobediencia civil pacífica, el cese de la impunidad y el castigo a los responsables de la devastación, la anulación o cuando menos sometimiento a los poderes fácticos, así como al poder gubernamental, además de nuevas formas de organización social y económica, sin olvidar los aspectos culturales e idiosincráticos, podrán evitar que en un punto de la ruina nacional caigamos en el “sálvese quien pueda”, en las revueltas aisladas y en el egoísmo intrínseco al modelo socioeconómico existente. Es un trabajo que como ciudadanos y como seres políticos, miembros de una comunidad y no de la politiquería partidista, no podemos dejar a un lado.

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