¿Libertad de expresión?

8 mayo, 2013 § Deja un comentario

Juan Francisco Coronado Rodríguez

 Una de las principales características del totalitarismo es intentar acotar o eliminar el lado crítico de la libertad de expresión. Históricamente, en las dictaduras tradicionales, la libertad de expresión es eliminada a través de la fuerza, de los abusos de poder, de la amenaza o la represión; las “neodictaduras” lo hacen mediante la cooptación de conciencias, la compra de voluntades y la manipulación –de acuerdo a sus intereses- de la opinión pública. Con algunos matices y relieves, ese modo de operar ha prevalecido en nuestro país desde hace más de 100 años.

La presidencia se ha comprometido a ser respetuosa de la libertad de expresión, sin embargo en los hechos, el gobierno pareciera estar más inclinado a conservar los antiguos métodos del pasado autoritario en su correlación con los medios informativos: Lograr la sumisión y la complicidad a través del silencio a cambio de beneficios, concesiones y contratos de publicidad, mismos que se niegan a quienes insisten en el ejercicio de un periodismo libre y crítico, basado en una ética profesional al servicio de los lectores y la audiencia.

La contratación de espacios en radio y televisión ha sido uno de los principales instrumentos de los gobiernos intransigentes para controlar los efectos de la información en México, premiando la condescendencia y castigando la disidencia. La comunicación debería ser un bien público –en teoría lo es-, pero desafortunadamente se ha transformado en un negocio oneroso al servicio del mejor postor, en donde “el cliente es el que manda” o en donde “el cliente siempre tiene la razón”. Tal parece que los viejos principios rectores del periodismo auténtico han sido suplantados por el dinero y el poder. ¿Existen garantías de seguridad para ejercer el periodismo en México? Según estadísticas publicadas en octubre del año pasado por la organización civil Campaña por un Emblema de Prensa –organización que busca la protección de los comunicadores en situaciones violentas-, México es el tercer país más peligroso para ejercer el periodismo, sólo por debajo de Siria y Somalia.

Al presentar sus estadísticas de periodistas asesinados en lo que –hasta ese momento- transcurría del año, informó que en México murieron 10 comunicadores. El país más peligroso ha sido Siria, con –hasta ese momento- 32 periodistas asesinados, y el segundo Somalia, con 16. En contraste, el Comité de Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) sostiene que en ninguna otra parte del mundo han desaparecido tantos periodistas como en México. Así lo destaca en su informe Ataques a la Prensa, presentado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), y en el que señala que 12 reporteros se encuentran desaparecidos, de los cuales al menos 9 fueron reportados como tal durante el sexenio pasado.

En el apartado de asesinatos, el CPJ señala que al menos 14 comunicadores fueron asesinados en represalia por el desempeño de su labor durante el sexenio de Felipe Calderón. Respecto a lo anterior, el Comité de Protección de Periodistas hace hincapié en que esta cifra es alarmante y marca una de las “más mortíferas para la prensa en cualquier parte del mundo”, y precisa al respecto, que otros 27 periodistas perdieron la vida entre 2006 y 2012, aunque las causas de los decesos siguen bajo investigación para averiguar si están o no vinculadas al desempeño de su trabajo.

Así mismo, el Comité informó que en el pasado 2012 cinco periodistas fueron asesinados -también se está averiguando si estas muertes están relacionadas con su trabajo- y que un diario mexicano, después de haber sido repetidamente blanco de ataques, publicó un editorial asegurando que ya no informaría más sobre hechos violentos relacionados con los cárteles de la droga.

En cuanto a los niveles de impunidad, México es, con al menos 15 casos de asesinato de periodistas sin resolver en la última década, el octavo país en el mundo con los peores resultados en el combate a la violencia letal contra la prensa, de acuerdo con el Índice de la Impunidad del CPJ, que resalta los países donde los asesinatos de periodistas suceden con regularidad y las autoridades no resuelven los crímenes. Sin duda, el Gobierno Federal tiene en frente un gran reto: garantizar el libre ejercicio del periodismo en México y combatir los niveles de impunidad existentes; así como honrar lo expresado en el Manifiesto por una Presidencia Democrática: “Las críticas al Presidente de la República, en todos sus estilos y formatos, serán escuchadas, respetadas y tomadas en cuenta. En una Presidencia democrática no caben ni la violencia en contra de periodistas, ni la censura”. Por el legítimo derecho que la sociedad tiene a gozar de un periodismo libre, imparcial, objetivo y veraz, debemos exigir congruencia –por parte de este nuevo gobierno- tanto en las palabras, como en los hechos.

 

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