Telecomunicaciones: ¿simulación o reforma?

5 abril, 2013 § Deja un comentario


Juan Francisco Coronado Rodríguez

Lo que el Estado mexicano intenta conseguir con esta llamada reforma es rehacer su tarea de administrador del sistema político-económico que lo produjo y mantiene. Se debe tener presente que este Estado se desarrolló históricamente como una necesidad de las agrupaciones en el poder de tener al alcance un organismo con aparente imparcialidad de clase, que funcionara como una especie de mediador, conciliador de intereses; que no es un Estado avalista del interés común; y que ha sido un organismo cuyos componentes esenciales –gobierno, poder judicial, poder legislativo, ejercito y leyes- se encuentran totalmente alejados de los intereses de la mayoría de los ciudadanos.

Mediante esta reforma, el Estado fomenta la proliferación de las condiciones de desigualdad –en materia de telecomunicaciones- existente en nuestro país. Su actuación es política y jurídica, busca perpetuar el sometimiento económico, ideológico y social por encima de las mayorías. El Estado regula, en este sentido, promoviendo criterios de mercado y competitividad que beneficien a los grandes empresarios de este país. Hay que ser realistas y ver las cosas desde una perspectiva objetiva, para lograr entender que cualquier reforma que emana del Estado tiene como objetivo central fortalecer los intereses supremos y acotar –o controlar- las voces discrepantes y críticas. Lo anterior provoca que cualquier expresión que cuestione o critique reformas de esta naturaleza se considere opositora a los cambios que México necesita.

En este aspecto, esta llamada reforma –por más estructural que se intente hacer ver- no abona gran cosa a la edificación democrática de nuestra patria; admite fijar reglas legitimadoras de la disputa entre las cúpulas empresariales; es conveniente para los grupos dominantes en su proyecto a largo plazo de conservar el poder; y desde luego, funciona a su vez como una forma que los poderosos desarrollaron para sofocar las expresiones independientes de los ciudadanos y mantener intacto su paraíso dentro de las telecomunicaciones.

Se intenta implantar la lógica simple de que a mayor competencia en telecomunicaciones más bajos serán los precios, habrá más posibilidades de acceso, los contenidos serán mejores y la democracia en materia de comunicación dejará de ser insipiente. Mayor competencia en el mercado no necesariamente significa democracia ni aumento de calidad en los contenidos.

La democracia en telecomunicaciones únicamente puede solidificarse –entre otros factores- si se conjunta con una democracia genuina, estructural, económica, política y social para los mexicanos. Esto se traduce a contar con “piso parejo” dentro de la competencia a través de conocimientos, dispositivos, recursos materiales y sobre todo tiempos, que garanticen un acceso real a los productos de telecomunicación; pero no sólo eso, también a ejercer el derecho a incidir en la determinación y vigilancia de los contenidos que los medios ofrecerán a las audiencias; gozar del derecho a una información objetiva, veraz, imparcial y libre; poseer el derecho a contar con infraestructura, tiempos y espacios comunitarios para expresar públicamente sus puntos de vista acerca de asuntos de interés general; contar con la garantía de que las opiniones disidentes no serán criminalizadas ni censuradas; hacer válido el derecho a que menores, mujeres, ancianos y homosexuales no sean presentados como si fuesen objetos, cosas superfluas o anormalidades; y poseer el derecho a que como beneficiario o audiencia no se le vea ni se le trate como un simple consumidor, manipulable y sin derecho a merecer contenidos de calidad.

Es elemental la actitud que como ciudadano, agrupación, movimiento o partido político se asuma frente al Estado y la reforma en cuestión. Una posición estatista celebrará esta reforma por lo que considera un fortalecimiento de la autoridad reguladora del Estado sobre las telecomunicaciones. Una postura intervencionista buscará la manera de supervisar y presionar en el cumplimiento e implementación de estas reformas. Una óptica gradualista calificará a esta reforma como un ascenso que, aunado a otras reformas, logrará la renovación democrática de este país. Lo anterior constituye una serie de vías en las que hay una sumisión a la lógica de la reforma, y lleva a relegar las acciones y propósitos de una revolución social que se necesita, en beneficio de las mayorías.

Sin duda, este arquetipo de reformas hay que considerarlas un comienzo, una conquista pero no un fin; un combate ganado pero no el final de la lucha. Esta especie de equilibrio entre intereses colectivos e intereses particulares al interior de esta reforma, será muy limitada y de corta duración: los desacuerdos saldrán a flote más temprano que tarde. Debemos estar preparados para ese momento, y para lograrlo será de vital importancia la existencia y la participación de un movimiento ciudadano, popular, crítico, autónomo, libre e incluyente que sea completamente ajeno a todo tipo de interés empresarial, político, de facto o de cualquier otra naturaleza que pueda significar un retroceso a lo poco o mucho que se ha avanzado en las telecomunicaciones de México con esta llamada reforma.

Cabe mencionar que estas reformas no reflejan a cabalidad el interés social, sino el de los grandes empresarios de este país; no hay que poseer un coeficiente intelectual muy elevado para darse cuenta de ello, es obvio. Aunque se diga que el ciudadano y el interés nacional están en el centro de estas reformas, no es verdad, pero lo cierto es que con una amplia participación ciudadana se le puede dar la vuelta a las intenciones de origen que motivaron el nacimiento de esta reforma.

En conclusión, la pregunta obligada es: ¿reforma de telecomunicaciones en beneficio de quién? Todo depende de la gama de supuestos que puedan surgir ante un eventual conflicto de intereses y del papel que la sociedad asuma frente a esta situación y todo lo referente a esta reforma.

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