Sobre las agresiones a mujeres periodistas

7 marzo, 2013 § Deja un comentario

Bun Alonso

 El 17 de julio de 1986 es la fecha en que la joven periodista Norma Moreno Figueroa muere acribillada frente a las oficinas del diario El Popular de la ciudad norteña de Matamoros, mismo en que laboraba y en las páginas del cual un día antes había publicado una columna criticando al alcalde de esa ciudad, Jesús Roberto Guerra Velasco, pariente de Juan Nepomuceno Guerra, uno de los fundadores del Cártel del Golfo. Ella, que tenía sólo 24 años, es reconocida a día de hoy por “inaugurar” la lista de mujeres periodistas asesinadas en México.

Los discursos oficiales insisten en atribuir las agresiones y asesinatos de periodistas a cárteles y a demás organizaciones de delincuencia organizada, pero lo que demuestra un informe lanzado por la Agencia Comunicación e Información de la Mujer, (CIMAC), es que las agresiones mayoritariamente provienen de funcionarios públicos, policías, militares, y autoridades estatales y locales. Tal como sucedió con la considerada primera periodista asesinada por su labor, en donde la agresión vino principalmente de un alcalde.

La CIMAC, fundada en 1988, es “una organización civil periodística especializada en la perspectiva de género y los derechos humanos, que busca hacer visible la condición social de las mujeres y las niñas”.

En su informe diagnóstico “Violencia contra mujeres periodistas”, se registran 94 casos de agresiones en contra de trabajadoras del gremio periodístico, mismos que van del 2002 al 2011. Se comprueba también que un 85.4% de las agresiones son directamente vinculadas a su actividad de periodismo. Hasta la fecha indicada se registran 11 mujeres del gremio asesinadas. El registro y documentación de casos dio inicio en el año 2005.

Según el prólogo, este informe “es el primero que se realiza sobre la violencia vivida por mujeres periodistas en México en el ámbito de su actividad como comunicadoras”. Las entidades federativas con el mayor número de casos, según el reporte, son: Oaxaca con 12, Distrito Federal con 10 y Chihuahua con 8; en el estado de Durango se registran 3 casos, mientras que en Coahuila no se registra ninguno. Por supuesto, no son los únicos casos existentes, puesto que las cifras anteriores se derivaron de situaciones en que las periodistas tuvieron las condiciones mínimas para denunciar sus agresiones ante autoridades o asociaciones civiles.

Lydia Cacho y Anabel Hernández son dos ejemplos de periodistas que han sido reprimidas por su alto compromiso social con el oficio periodístico. Son dos de los casos de más alto grado de dominio público. Cacho, en 2005, publica un libro titulado “Los Demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil”, en donde da a conocer una red de pornografía infantil que operaba en Cancún, Quintana Roo bajo la protección de políticos y empresarios. Ella fue detenida, torturada y amenazada gracias al favor que el entonces gobernador priista de Puebla Mario Marín le hizo al empresario libanés Kamel Nacif Borge, involucrado con la red pederasta.

Por otra parte, Anabel Hernández es conocida por sus investigaciones acerca del narcotráfico. Más que violencia física, ha sufrido la psicológica. En noviembre de 2010 denunció un plan para tratar de asesinarla ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Acusó penalmente a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, y a Luis Cárdenas Palomino.

Trabajadoras de radios comunitarias también han sido víctimas de violencia. Un caso que demuestra esta vulnerabilidad es el de abril de 2008, fecha en que fueron asesinadas a balazos dos locutoras y reporteras de una radio comunitaria en la ciudad indígena triqui de San Juan Copala, en Oaxaca. Teresa Bautista Merino, de 24 años, y Felicitas Martínez Sánchez, de 20, al parecer defendían los derechos y la autonomía indígena.

Traer a conocimiento la existencia de las agresiones hacia mujeres del oficio y algunos de los nombres y las diversas situaciones de las trabajadoras asesinadas no es con afán sensacionalista o de seguir sosteniendo que el periodismo es uno de los oficios más peligrosos del mundo (cosa que no se aleja demasiado de la realidad), sino contrarrestar la invisibilidad que, como afirma el mencionado informe del CIMAC, las deja excluidas de la protección y la justicia. La hipótesis manejada en la investigación sobre la invisibilidad de las agresiones, sostiene que la guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón sirvió como cortina de humo para desatender las situaciones estructurales que están detrás de la violencia contra ellas, pues la atención se centró en el tema del narco.

Otra situación que ha servido a volver casi invisibles esta problemática es el sistema patriarcal aún vigente en el gremio de la comunicación, pues se pone en duda la palabra de la mujer, se disemina su opinión y se minimiza enjuiciando la declaración de la periodista agredida.

 

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