Altos riesgos e incongruencias para la libertad de expresión en México

23 enero, 2013 § Deja un comentario

Rodolfo Guzmán

 A pesar de que lo dos sexenios panistas terminaron con una cifra estimada de 71 periodistas muertos, según reportaron diversas organizaciones especializadas en el tema; las esperanzas de que las cosas cambien en el mandato que recién comenzó se ven opacadas por más violencia y por el control mediático, que el nuevo gobierno ejerce desde su primer día.

Prueba de lo anterior fue visible durante los disturbios ocurridos el pasado primero de diciembre, durante la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, donde periodistas de diversos medios nacionales e internacionales fueron agredidos por elementos de seguridad que actuaron en contra de los manifestantes a las afueras San Lázaro.Asimismo, días después, según se expone en la edición pasada de esta publicación, el nuevo mandatario emitió “recomendaciones” a periodistas de diversos medios de comunicación al momento de tratar temas que competan a su administración.

A pesar de eso, diversas organizaciones no gubernamentales en defensa de la Libertad de Expresión  a nivel nacional e internacional, ejercieron presión para que el año pasado los legisladores crearan la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente, según reportan organizaciones como Article 19, ya hay un mecanismo que llevará a la práctica dicha normativa, la cual busca atender las necesidades especiales de los comunicadores, es decir, como el caso de contexto adverso y violencia que viven los comunicadores.

Sin embardo, dicho esfuerzo se ve opacado por la cifra de ocho comunicadores muertos, cuatro desapariciones y nueve casos de ataques con explosivos en contra de medio de comunicación, a decir del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

Por su parte, el portal Noticiasdetamaulipas.com, publicó que los estados más azotados por dicha situación de inseguridad son Veracruz, donde se registraron cinco de las muertes de comunicadores, Morelos, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Zacatecas y Oaxaca; entidades que representan la mayor parte del territorio nacional.

Aún con ese contexto, y con el comportamiento nada democrático que Peña Nieto mostró durante su primer mes en el gobierno, se decidió instituir en días pasados el cuatro de enero como el Día del Periodista en México, fecha que según señalaron algunos medios como Proceso no tiene referencias concretas para conmemorarse, ya que desde hace varías décadas se había instituido el 3de mayo y, posteriormente, el 7 de junio, ambos plazos evocaban el festejo mundial de la Libertad de Expresión, así como la entrega del Premio Nacional de Periodismo.

Sin embargo, a pesar del cambio de día para “festejar” a los periodistas no ha significado nada para el gremio en cuanto a garantías, ya que la incertidumbre creció. En términos recientes, podemos hablar que entre 2010 y 2011 el organismo Campaña Emblema de Prensa (CEP) colocó a México como país más peligros en e mundo para ejercer el periodismo. Asimismo, durante 2012 la organización internacional Reporteros Sin Fronteras posicionó al Estado de Veracruz en su lista de 10 sitios mundiales de alto riesgo para practicar esta profesión.

¿Firman convenio para protegerlos y luego los agreden?

En términos locales, en concreto en Coahuila, en septiembre pasado la Secretaría de Gobernación y el gobierno Estatal, firmaron un convenio de colaboración para la creación de mecanismos de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Las medidas a implementar, según anunciaron los funcionarios, girarán en tres ejes. El primer consta en una Unidad de Reacción Rápida que tendrá la responsabilidad de cuidar a los activistas y comunicadores en caso de amenazas inminentes. El segundo consistirá en la Evaluación de Riesgos y buscará crear una metodología para evaluar las medidas que deben aplicarse, al tiempo en que una Unidad de Seguimiento analizará la emergencia de cada caso reportado. También se creará una comisión conformada por periodistas, defensores de los derechos humanos y miembros de la sociedad civil. “Corresponde al estado defender a los periodistas, no encontré mejor forma que aliándome con la federación firmando este convenio”, afirmó el gobernador durante su discurso”, aseveró el gobernador Rubén Moreira, durante la firma del tratado

En esencia, dicho acuerdo parece magnifico para salvaguardar la integridad de los comunicadores, sin embargo meses después la administración estatal mostró poco congruencia con lo pactado. En ese aspecto,  basta recordar la agresión que recibió el corresponsal de Televisa en Saltillo, Milton Andrés Martínez Galindo, quien fue agredido el pasado por uno de los escoltas del Procurador General de Justicia de Coahuila, Homero Ramos Gloria.

Según el reporte de la dependencia judicial, los presuntos responsables fueron un comparsa del mismo funcionario, así como un elemento de la Policía Investigadora y otro sujeto del cual se desconoce su paradero. A decir de lo publicado por la prensa nacional y local, la agresión tuvo lugar luego de problemas que los responsables habían tenido un problema con reportero, respecto a un accidente vehicular. Asimismo, el periodista declaró que antes del ataque había recibido amenazas.

 

¿Puede mejorar el panorama?

A pesar de que el panorama por sí mismo no avizore nada alentador para los periodistas, como para muchos otros profesionistas en el país, el camino para tener una  libre expresión es de todos, principalmente de la sociedad civil y las organizaciones en defensa de esas acciones.

De lo contrario los acuerdos firmados el año pasado y el nuevo organismo protección serán inservibles o tendrán la misma función que la cambiante Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, la cual durante doce años sufrió varios cambios y reducción en su presupuesto, sin si quiera resolver alguna de las muertes de los 71 comunicadores asesinados entre el 2000 y 2012. Sin duda podemos considerar que esos comunicadores asesinados murieron en diversos contextos, es decir, no podemos a señalar que todos murieron a manos del crimen organizado.

Como en todos los oficios, en este podremos encontrar inconsistencias  que no necesariamente corresponden a ese factor, sin embargo es innegable que una gran parte de los fallecidos correspondían a periodistas de la fuente policiaca y otros “incómodos”  que la clase política prefirió acallar, lo cual  la impunidad se encargó de cubrir perfectamente. A pesar de eso, la sociedad civil y el gremio periodístico no puede darse el lujo de ignorarlo, pues al igual que otros crímenes cometidos contra otros profesionistas o personas en general no deben quedar sin resolver.

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