¿Al diablo con las instituciones?

2 agosto, 2012 § Deja un comentario

 

Carmen Espino

Fue en el 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador soltó el tan criticado: “¡Qué se vayan al diablo con sus instituciones!”, luego de consagrarse el segundo fraude electoral en México.

El pronunciamiento que hace AMLO no es un desconocimiento a las leyes, sino una exigencia a deshacernos de las instituciones caducas, corruptas e inservibles que no respetan la voluntad popular. Sin embargo este mensaje fue tergiversado por el duopolio Televisa-TvAzteca, quienes satanizaron al tabasqueño por mandar al carajo a esas instituciones que no nos otorgan ningún futuro con verdadera democracia, justicia y libertad.

Esta exclamación a nadie debería sorprender. En México, la mayoría de los ciudadanos no confían en las instituciones. El trámite más sencillo ante alguna instancia gubernamental está bautizado de corrupción. Esta desconfianza se refleja directamente en el aparato de justicia mexicana, los procesos son dilatorios, implican una buena inversión de dinero para cubrir con los “impulsos procesales” de actuarios, secretarios y jueces, aunque al final la mayoría de los casos quedan impunes, por ello hay un bajo número de denuncias en delitos como secuestro, robo o asalto, por citar sólo algunos en materia penal. Los ciudadanos no creen en las instituciones porque el Estado mexicano no ha podido delimitar el área donde termina su gobierno y comienza el crimen.

Esta frase envuelve el sentimiento, no sólo del líder de las izquierdas, sino que expresa con contundencia este proceso de decepción que los mexicanos estamos sufriendo por el falso estado de derecho. Es el grito de enojo que se lanza ante un gobierno que cuando le conviene no oye, no habla y no ve, y que por ostentarse como autoridad violenta la misma ley que le dio la vida.

En el 2012, la situación es la misma, se presume un tercer fraude electoral por parte de los priístas. Es Peña Nieto el virtual ganador pero en la realidad la mayoría de la población no le otorga legitimidad a EPN, ni a la elección por el sinfín de irregularidades cometidas en todas las entidades federativas a manos del PRI y el PVEM.

“El poder se gana, no se compra”, es una de las consignas que logran definir la insatisfacción del pueblo ante la incompetencia del IFE y la FEPADE; por no poder demostrar que sí fueron elecciones limpias y libres. La declaración del presidente magistrado José Alejandro Luna Ramos, adelantó la postura que tendrán a la hora de resolver las impugnaciones presentadas por AMLO al mencionar que: “nadie ganará en la mesa lo que no ha ganado en las urnas”

 Ante lo anterior nace la pregunta: ¿ante cuál autoridad sí podrá proceder la anulación de las elecciones si entendemos que el fraude se cometió no sólo en las urnas, sino que fue también afuera de las casillas, antes, durante y después de los comicios?  Las leyes electorales permiten la anulación o invalidez de las elecciones como un paso enorme hacia una democracia verdadera, sin embargo la Sala Superior no quiere —quizá— llegar al “extremo” de declarar la anulación de los comicios a pesar de existir irregularidades graves que se pueden acreditar. Qué es  lo verdaderamente extremo y peligroso: una autoridad que ratificará en su cargo a una persona que compró la elección o una que asume la responsabilidad de investigar y en dado caso anular e invalidar una elección para darle certeza a pueblo que el presidente fue elegido de manera libre y democrática.

¿No es entonces la afirmación de una autoridad que no conoce o no asume sus facultades? Mientras tanto continuará la incertidumbre, cada día se muestran más pruebas sobre el excesivo gasto de campaña, que violenta el principio de equidad entre los candidatos. Se reúnen más elementos que comprueban la compra de votos con despensas, dinero en efectivo, dinero electrónico en las tarjetas de Soriana y el caso Monex.

La ley permite impugnar la elección, facultando al Tribunal Electoral para calificar el proceso electoral. Es absurdo que teniendo este medio, se asuma en los medios de comunicación que pedir la nulidad o invalidación es “caprichoso” o “necio” de parte del líder de las izquierdas. La nulidad o invalidación representan el renacer democrático. Debemos esperar para confirmar si las autoridades son las que nos mandaran al diablo o si esta vez sí caminaremos hacia la democracia. Si no lo hacen el medio extrajudicial comienza con la frase “Si hay imposición habrá revolución”.

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