Transparencia Gubernamental: El ingenio trágico del arquitecto de la ley

1 abril, 2011 § Deja un comentario

Carmen Espino*

El ingenio trágico del arquitecto de la ley con su ficción andante, propone una vez más una alternativa para  la democratización: La Transparencia Gubernamental.

En México lentamente se derrumba  la consciencia de un gobierno del pueblo  y para el pueblo, por un Estado donde sólo se escuchan las voces hegemónicas; bajo la premisa del abuso de poder el ingeniero de la norma jurídica reformó hace ya años el artículo sexto constitucional para volver al pueblo mexicano el gendarme de cualquier Institución que reciba dinero público: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Todas las instituciones públicas tienen la obligación de informar  acerca de los gastos que realizan  y de su toma de decisiones.  Con el bastón de la tecnología las dependencias de gobierno se auxilian de ésta para difundir en sus páginas de internet ciertos datos que a su criterio deben conocer los gobernados, dejando abierta la posibilidad de pedir otras explicaciones, ya sea a través de un texto libre o bajo la forma de solicitud que se encuentra en la página del IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información) o del ICAI (Instituto Coahuilense de Acceso a la Información), o de la dependencia correspondiente según sea el estado o el municipio. Además están obligados a proteger nuestros datos personales y en su caso rectificarlos.

El legislador puede decir que se pateó la puerta que escondía  la corrupción, que abiertas están las persianas para que todos (incluyendo extranjeros), tengamos acceso sin ninguna traba ni costo a toda la información que no tenga el carácter de reservada o confidencial. Pero, ¿por qué es inoperante dicho derecho? De los tres actores fundamentales del Derecho a la Información que son las instituciones, los documentos y los usuarios, ¿quién o qué está fallando?

Cuando las instituciones públicas asumen posturas de falta de ética, al entregar al pueblo mexicano información manipulada, incompleta y condicionada a intereses de particulares que contravienen el bien público temporal; nos invalidan para conocer la verdad y participar de manera libre en la vida política. La cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación; son causas del anti-progreso en México, donde el político/servidor público sigue aún aprendiendo de la vieja escuela: “Más vale una mentira que no pueda ser desmentida que una verdad inverosímil.”

El problema en los documentos es que excluye dos tipos de información: confidencial (la concerniente a la vida privada y datos personales), la cual encuentra una digna justificación en la privacidad, y la información reservada que se restringe en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales (Seguridad nacional, por mencionar un ejemplo). La ley de Transparencia y Acceso a la Información estructura los supuestos para declarar la información como confidencial ó reservada, sin embargo estamos propensos a una mala clasificación de ésta para beneficiar a algún particular ó para esconder la comisión delito.

Se presume que acceder a la transparencia no tiene cargo alguno, pero ¿es en realidad gratuito? hace pocos años fue del conocimiento público que había en Durango una simulación de la Transparencia: María Marván Laborde, comisionada presidente del IFAI argumentaba que frente al derecho del acceso a la información permanece la Ley, pero el incrementar los cobros hasta 50 pesos por cada página impresa de información, era ponerle una traba, porque en realidad lo que se hace es negar el acceso de ella, o generar privilegios en esta materia: los ricos tendrán acceso a la información.

Lo anterior por el cobro de 46.7 pesos por copia certificada que realizaba el Ayuntamiento de Durango y que se fundamentaba en la Ley de Ingresos Municipal aprobada por el Congreso del Estado de Durango.

Se informó sobre el cobro de más de 345 mil pesos para obtener información certificada del uso de recursos públicos, a través de facturas de las cajas chicas del Municipio, del pago a compañías aseguradoras, sobre boletos de avión adquiridos por la Presidencia, de las facturas del pago de telefonía celular y del proyecto ejecutivo de reubicación de vendedores ambulantes de la avenida Victoria.

La ley establece que el examen y la consulta de la información pública es lo único gratuito, no lo es la reproducción de la información, puesto que la entidad pública, partido político o la agrupación política; podrán cobrar el costo de los insumos utilizados, de envío y la certificación de documentos. El abuso puede darse como en Durango, aún con que en dicha ley se reglamenta que las dependencias deben esforzarse por reducir los costos de entrega, esto representa una traba puesto que sólo se entrega la información, previo pago de los derechos y costos de los materiales necesarios para el acceso, que se deben liquidar directamente en la Tesorería Municipal.

La información vertida por el internet se consolida como un instrumento esencial de expresión, información y comunicación horizontal entre ciudadanos y Estado. La información dada de forma verbal y la consulta directa no tienen costo alguno.

El tercer actor, es el pueblo que no debe claudicar, porque el peor analfabeto es el analfabeto político que no oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos; no sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios; dependen de decisiones políticas.

El analfabeto político es tan ignorante que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales; según nos concientiza Bertolt Bretch. El acceso a la información en el mejor de los casos representa el despertar del pueblo, el ejercicio de premio-castigo el día de las elecciones para aquel que abusó, mintió, dejándose corromper por las mieles del dinero y por el juego del poder. Quien tiene la información tiene ¿el poder?

Mientras tanto aquí, la ley es letra muerta, el viejo y conocido cliché que no alcanza la premisa nazi “Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”.

Ni aun pronunciada por Calderón & López Obrador de la manita, bakunianos, literatos,  católicos, señoritas Laura, apolíticos, gringos, cantantes pop,  Chés Guevara; la célebre de Goebbels funcionaría; es decir, no podría convertir a los 112 millones 336 mil 538 mexicanos (Cifra oficial del INEGI 2010) en creyentes de nuestra Carta Magna.

¿Por qué? Porque no queremos creer más en la cultura del engaño, de la ocultación, de la simulación de las leyes, de formas sutiles o grotescas de hacer inútil el ejercicio de nuestros derechos. Porque “la palabra no es para encubrir la verdad, sino para decirla” nos castigaba José Martí.

No más la verdad sin interés eclipsada por una falsedad emocionante, porque en México, la democracia  sólo existe en discursos políticos, en la Carta Magna y en viejas frases Aristotélicas repetidas en Facultades de Derecho. Y sí, prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones, como rezaba Séneca. Fundado y motivado lo anterior en el tercero constitucional donde se demuestra la discordancia entre el “deber ser” y la realidad mexicana: “La democracia no debe ser vista sólo como estructura jurídica y/o régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.”

Planteándose así, la transición hacia la democracia  bajo  la consideración teórica de  un esquema de transparencia que si bien propone la inclusión del pueblo para la vigilancia de las entidades gubernamentales, cierto es también que hace falta más que un circo de letras muertas. ¿Cuántos años de un México democrático y transparente podemos contar? Quienes buscan la verdad merecen el castigo de encontrarla.

 

* Es estudiante del Octavo Semestre de Derecho, de la Universidad Autónoma de Coahuila.

 

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