Reelección, transparencia e información

1 enero, 2010 § Deja un comentario

Cecilio Campos Jiménez

 A 100 años de  la insurrección armada contra el dilatado régimen  porfiriano, iniciada en el marco de la séptima reelección de Porfirio Díaz en la presidencia de la república, se intensifica la campaña de los que proponen  reformar el artículo 59 constitucional para restaurar la reelección inmediata de legisladores federales.

No hay que olvidar que uno de los puntos centrales del programa  revolucionario de 1910 fue la no reelección,  para renovar el gobierno y buscar soluciones a los problemas que enfrentaba México, y que  antes de alcanzar el poder, el mismo Díaz encabezó sendas rebeliones armadas contra la reelección de Benito Juárez en 1867 y 1871.

Los promotores de la reelección  ostentan que ésta que es una precondición para el mejoramiento del sistema político vigente y un paso esencial para la democratización del país, pero son  múltiples las voces que advierten que tendría  efectos regresivos si llegara a aprobarse.

El debate no es nuevo. Desde los inicios de la alternancia o el asenso de la derecha al poder, se han presentado iniciativas para eliminar la prohibición que data de 1933,  para la reelección inmediata de congresistas. Ahora también se impulsa la posibilidad de que los presidentes municipales se reelijan de forma consecutiva. En ambos casos se pregonan  ventajas hipotéticas y se atribuye a la no reelección los males que padecemos. Acusan que las reformas estructurales no avanzan en el congreso porque a los legisladores no les interesa actuar responsablemente toda vez que no van a volver a competir en la siguiente elección por el mismo puesto, y que hace falta “profesionalizar” a los diputados para que den un adecuado seguimiento a su labor. Señalan que si pudieran reelegirse tendrían que rendir cuentas, y se le devolvería a la ciudadanía la capacidad de premiar o castigar a los representantes populares que no se desempeñaran de manera eficaz y leal, y que si se ocupa más de una vez seguida un puesto público se produciría una tendencia hacia la transparencia. También aseguran los reeleccionistas que habría incentivos para la difusión de información política necesaria para la toma de decisiones electorales. Así como están las cosas hoy dicen que dicha información no se enfoca en lo que hicieron nuestros representantes porque ya no vuelven a postularse.

Una de las principales tesis opuestas a la reelección  dice que ésta no debería darse hasta en tanto no exista un esquema jurídico capaz de alejar a los candidatos de los centros de dinero y del poder mediático.

En cuanto a que la reelección favorecería la rendición de cuentas, la trasparencia, y que generaría un mejor flujo de información política hacia los ciudadanos, cabe decir que es algo que no se puede predecir, y que son sólo hipótesis endebles, que dan por hecho un resultado simplemente con enunciarlo, como si una reforma legal por si sola pudiera cambiar la realidad de manera automática.

Quienes promueven la propuesta reeleccionista  no fundamenta objetivamente su viabilidad. Es una invención con apariencia lógica pero insostenible en las condiciones actuales en las que nos encontramos.

La reelección por si sola no garantiza la rendición de cuentas de parte de los representantes electos, ya sean legisladores federales o presidentes municipales, así como no produce mecánicamente una actitud ciudadana de exigencia de cuentas.         No creará un mayor flujo de información política de calidad puesto que los medios de comunicación se encuentran concentrados en unas pocas manos y están en connivencia con el poder político, y no traerá una mayor transparencia toda vez que su negocio es precisamente obtener ganancias económicas comercializando espacios de difusión, sin importar la procedencia del dinero que les entregan, ofreciendo a cambio  la promoción abierta o encubierta de la imagen antes que de la trayectoria o el compromiso social.   No está claro cómo la reforma podría revertir esta situación, porque de hecho acrecentaría  la influencia de los medios. Quien intentara reelegirse dependería aún más de ellos.

En un país como el nuestro, caracterizado por la falta de transparencia, la reelección  no garantiza   mejorarla, pero si existe el peligro de que la empeore.

Por ejemplo, en el caso de los municipios, Según el  Instituto Mexicano para la Competitividad, en nuestro país no hay información para conocer a detalle como se ejercen su presupuesto.  En el índice municipal de información presupuestal 2009, estudio realizado por dicho instituto en 373 municipios (que representan dos terceras partes de de la población del país y el 65% del gasto público municipal) para reflejar el nivel de transparencia de las finanzas en ese nivel de gobierno, los resultados reflejan que los mexicanos no tenemos herramientas para saber como se ejerce el dinero público  y que sólo 97 municipios del país tienen transparencia en el uso de sus finanzas.

La calificación sobre la información presupuestal, del 1 al 100 es la siguiente: Municipios 28, Estados 50, Federación 63.

También en el 2009 Transparencia Internacional, en una escala de 180 países,  ubica a México en el lugar 89, con un índice de 3.3  (el 10 significa 0 corrupción) por debajo de países de la región, como  Guatemala, Cuba y El Salvador.

Desde luego, el riesgo ante la debilidad de la fiscalización es que se utilice el  gasto público para fines distintos a los que estaba diseñado, como a objetivos políticos.

La realidad es muy distinta a como la ven quienes promueven una reforma política de carácter reeleccionista y que cuentan con el apoyo del ejecutivo federal.

Si bien no existe en estos momentos la reelección inmediata, muchos políticos la practican saltando de un puesto de elección a otro, por ejemplo, de diputado local a presidente municipal,  luego a legislador federal u otro cargo, y esto no se ha traducido en que sean más transparentes, que rindan mejores cuentas  o que se hayan vuelto más responsables y eficientes en su función, todo lo contrario, han estrechado sus lazos con el poder mediático y legislan o gobiernan para obtener nuevos puestos actuando incluso en contra de sus representados. Sólo hay que revisar casos que conocemos de sobra, como en Durango el de Ricardo Rebollo y Jorge Herrera, que reflejan el de muchos otros supuestos representantes populares, que han basado su trayectoria en la imagen, en promesas y no en resultados, utilizando como plataforma sus puestos públicos, que toman decisiones en contra de sus representados, y los ciudadanos generalmente no los castigan. Recordemos que dejaron su puesto para buscar otro mayor,  la mayoría de sus  compromisos no los realizaron y que basaron sus campañas en propuestas tales como en no aumentar los impuestos, pero hicieron lo contrario defraudando a sus electores.

La reelección provocará que los legisladores o presidentes municipales que pretendan repetir en su puesto actúan bajo la lógica de conservarlo antes que proceder  a favor del interés público,  y utilizarán todos los medios que tengan a su alcance para lograrlo, ya sea desviando  recursos públicos o disponiendo de fondos de origen ilegal,  recurriendo a alianzas con poderes fácticos como el mediático, sin el cual difícilmente lograrían su propósito de continuar en el cargo. Contrariamente a lo que se busca, la reelección generará inmovilidad y mayores vicios en detrimento de nuestra incipiente democracia.

No se puede cambiar por decreto la realidad y las prácticas de una cultura política y cívica, que son reflejo de instituciones deformadas. No estamos preparados para la reelección, antes se tienen que acotar los privilegios de los partidos políticos, abrir y pluralizar  a los medios de comunicación, aplicar controles eficientes para fiscalizar el uso y destino de recursos públicos, y una reforma electoral avanzada que ponga límites a la mercadotecnia superficial e impida la promoción mediática encubierta.

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