Retos para la Comunicación Social gubernamental

1 diciembre, 2008 § Deja un comentario

Por Daniel Maldonado
dems64x@yahoo.com.mx

“¿Cuáles son mis hábitos de exposición a los medios de comunicación, qué busco en ellos, y qué orientación psicológica predomina en mi relación con los productos que me ofrecen? En otras palabras: ¿busco información, formación, entretenimiento, cultura? En definitiva: ¿compromiso o evasión, implicación o fuga, enriquecimiento o naufragio?”

Cuestionario sobre la cultura política de los ciudadanos

Javier del Rey Morató

Partamos de una verdad comprobada y cercana a la perogrullada: la comunicación política actual es más cercana al marketing, a la publicidad, a las relaciones públicas, que a la información y formación de criterios con miras a la educación y la participación ciudadana.

Además de encargarse de la creación y emisión de boletines sobre los actos gubernamentales, la producción de noticieros con carácter político-promocional, y de brindar recomendaciones y avisos sobre hechos cotidianos que afectan a los ciudadanos (cierres de vías, nuevos impuestos y pagos, reportes sobre adquisiciones, etcétera), los aparatos de comunicación social gubernamental no han querido o no han podido volverse un medio de información acerca de los deberes y obligaciones de y para los ciudadanos y el mismo gobierno.

Cuando se implementan nuevos reglamentos, cuando se modifican los ya existentes o se crean cambios en los modos de llevar la relación sociedad-gobierno, los aparatos de comunicación social gubernamental apenas y se quedan en lo meramente promocional. Un par de ejemplos de la localidad:

Al implementarse el pago de la tarjeta Ecobus y el cambio de unidades automotores de transporte público, la información emitida desde los aparatos gubernamentales se ciño a meros espots y espectaculares donde se invitaba a los ciudadanos a conseguir la tarjeta. Carentes de información, los anuncios sólo pusieron a la tarjeta en el mismo rango que cualquier producto novedoso, digamos la nueva imagen de un yogurt. En los anuncios televisivos y de radio una cancioncita era todo lo que se promocionaba. No se nos informó a los usuarios cómo sería el correcto funcionamiento de este nuevo sistema de cobro, cómo debía ser pasada la tarjeta ante las terminales de cobro colocadas en cada autobús, cuándo era necesaria la recarga, cuándo se mostraba el saldo utilizado y restante, y cuándo ya se había agotado, y bajo que argumentos legales ya no es respetada la tarifa preferencial que se aplicaba a los portadores de la tarjeta del Instituto Nacional de la Senectud y a los estudiantes; datos que al ser desconocidos por el usuario trajeron posteriores quejas y problemas debido a la desinformación sobre el uso del nuevo sistema de cobro.

Otro ejemplo: en la ciudad de Torreón se implementó un nuevo sistema de reglamentación vial. Este reglamento fue promovido mediante su inserción en la página de internet del ayuntamiento y mediante el reparto callejero y las notas informativas en diarios, noticieros de los diferentes medios. Sin embargo el alcance real fue poco debido a que el número de reglamentos regalados no fue suficiente, en comparación al parque vehicular. Tampoco se informó a los ciudadanos el procedimiento mediante el cual se llevan su vehículo al no cumplir con los pagos de estacionómetros, es decir, no se le informó que,  según el reglamento después de ser aplicadas dos multas se procede a llevarse la unidad, por lo que se incurrió en abusos y arbitrariedades al ser implementada esa medida, llegando a llevarse automóviles a los que no se les aplicaron las dos multas.

Esta medida, podemos suponer, lleva un trasfondo recaudatorio por más que la autoridad se empeñe en negarlo. Más cuando el dos mil nueve es el último año de esta administración y puede llevar el mote de “año de Hidalgo” (“chifle su madre el que deje algo”).

Uno de pilón: hace más de un año los medios dieron a conocer cómo en el municipio de Torreón muchos de los empleados gubernamentales, empresarios, fungen como proveedores del ayuntamiento, lo que viola la ley de responsabilidad de servidores públicos. Esto no se reflejó en la suspensión de los suministros ni se persiguieron dichos delitos. ¿Desconocimiento de la ley o impunidad al amparo del poder?

El papel de la educación y la información

Se puede atribuir el parco conocimiento de los derechos y obligaciones del ciudadano a la falta de cultura cívica, a los problemas de educación, al mal aprovechamiento de los medios masivos, a la mala logística implementada por los aparatos de comunicación social gubernamental, incapaces de transformarse en verdaderos órganos que creen una cultura de civilidad; y a la apatía generalizada de los ciudadanos y lo conveniente que esto resulta al poder que puede ejercerse con discrecionalidad.

Aquí hay que preguntar si es dable seguir manejando la información de carácter público con visos publicitarios y mercadotécnicos o si debe de darse una información mayor y con un tratamiento que se aleje de lo superfluo, si debemos de transformar los métodos de información y convertirlos en verdadera comunicación efectiva que dé como resultado una sociedad más participativa, verdaderamente informada y pendiente de sus obligaciones, pero sobre todo de sus derechos. Esto resultaría en menos opacidad gubernamental y en una mayor exigencia de la sociedad para saber cómo se da el manejo no sólo informativo, sino del poder y sus repercusiones ante los ciudadanos. Es decir, dejar a un lado el carácter publicitario, vacío y transformarlo en sustancia de conocimiento.

Pero como sabemos y siendo realistas, una sociedad que conoce sus derechos y obligaciones, y los del gobierno y el poder, es una sociedad que pedirá equidad y transparencia, lo que no resultará grato para los modos actuales de manejar la política, las finanzas públicas y el poder en general, inmersos en la opacidad, la falta de transparencia (por mucho que se alegue el acceso a la información), la discrecionalidad y la superficialidad.

 

El papel mercantil de los medios

Un problema presente en esta relación de la Comunicación Social gubernamental con sus receptores, es el papel mercantil de los medios y el negocio que se ha derivado del uso de los espacios de promoción gubernamental. ¿Cómo un medio le dará cabida a los boletines emitidos desde los aparatos de Comunicación Social si le resulta más provechoso  recibir una remuneración por incluir dicha información en espacios publicitarios? ¿Vale la pena, para los medios, dedicar sus espacios de cobertura informativa para hablar sobre nuevos reglamentos o derechos de los ciudadanos, cuando les resulta económicamente más viable cobrar por promocionarlos? ¿Debe existir un punto medio o mixto entre estas dos posiciones, cómo conciliarlas? ¿Qué papel juega el ciudadano, debe ser un mero receptor de la unidireccionalidad informativa o convertirse en un ser participativo al pendiente de sus derechos, obligaciones y todos los fenómenos sociales y políticos (si es que esta frase no es redundante) que le atañen y le afectan? ¿Un conocimiento pleno de los derechos, obligaciones y reglamentos se reflejará en menos programas informativos de radio y televisión dedicados a orientar a los ciudadanos sobre el cómo y con quién dirigirse para resolver sus problemas cotidianos? ¿No le parece demasiado utópico suponer respuestas a estas interrogantes cuyo trasfondo es cultural y educativo?

Las respuestas siguen pendientes.

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