El mercado negro de la propaganda electoral

1 marzo, 2008 § Deja un comentario

Cecilio Campos Jiménez

“Si no se perfeccionan los procedimientos y se endurecen las sanciones, los concesionarios de radio y televisión no sólo mantendrán su capacidad de influir en el resultado electoral, sino que la fortalecerán porque tendrán mayor margen para decidir a qué candidato apoyar y a cuál castigar, ya que lo harán a través de espacios que no están abiertamente sujetos a las reglas comerciales, es decir, mediante propaganda encubierta en programas de la más diversa índole”.

Los márgenes de la reforma

Jesús Cantú

El nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (cofipe)  mantiene abierta la puerta para que los concesionarios  de radio y televisión, transmitan propaganda electoral en espacios diferentes a los establecidos por el Instituto Federal Electoral. La promoción de candidatos y  partidos políticos, o el menoscabo de su imagen,  puede realizarse por una vía alterna a la del spot, dentro de la programación ordinaria,  simplemente con no dejar rastro documental de los convenios de difusión que para tal efecto se pactan.

Los recientes cambios realizados al  Cofipe no  incluyeron  instrumentos para verificar e impedir que se otorgue una atención preferente a un candidato o partido en los medios de comunicación electrónicos,  que evidentemente provendría de un acuerdo económico previo en beneficio de estos últimos. Tal situación, aunada al hecho de  que las sanciones por infringir el código se limitan a amonestaciones,  multas y  la suspensión de la transmisión de la propaganda que contravenga sus normas,  provocará la consolidación y auge del mercado negro de la propaganda político-electoral, utilizando los sitios no controlados por el IFE. Además,  la posibilidad de que se cancelen concesiones de difusión y registros partidarios es muy lejana. Permanece latente la capacidad de los amos de los medios y  otros grupos de poder económico para seguir  interfiriendo la libre decisión de los ciudadanos.

La LX legislatura  del Congreso de la Unión decretó una serie de reformas en materia electoral. Fueron modificados los artículos 6º, 41, 85, 99, 108, 116 y 122, se adicionó el artículo 134 y fue derogado un párrafo del artículo 97, de la Constitución General de la República. Con esta nueva generación de reformas se busca dar respuesta a dos grandes problemas que enfrenta la sociedad mexicana: el enorme costo financiero de las elecciones y el uso y abuso de los medios de comunicación, y tiene como objetivos rectores disminuir drásticamente el gasto de las campañas, el fortalecimiento de las atribuciones de las autoridades electorales, e  impedir que actores ajenos al proceso electivo incidan en las campañas a través de las corporaciones mediáticas.

 Entre las adecuaciones más importantes destaca que se prohíbe a los partidos políticos, candidatos, militantes y a terceras personas contratar propaganda electoral en radio y televisión, pues será el Instituto Federal Electoral el que la controle a nivel federal y local, utilizando en el primero los tiempos del estado,  que junto con el acortamiento de las campañas y la disminución en más de un 50% de los topes de gastos en la elección presidencial reducirá considerablemente el costo de los comicios, no se permite la propaganda que calumnie o que denigre, incorpora el recurso de recuento voto por voto,  veda la promoción personal de los servidores públicos con recursos oficiales, establece sanciones como la amonestación, la suspensión de la transmisión de la  propaganda que incumpla  las disposiciones del Cofipe,  multas económicas a personas físicas y morales que incurran en tales violaciones, que van de los 500 a 200,000 salarios mínimos, y en caso de infracciones reiteradas y graves de parte de los concesionarios, la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable de 1 a 36 horas.

Según  los legisladores, las reformas son la base de un nuevo modelo de comunicación que armoniza las relaciones entre política y medios de comunicación,  y restringen la enorme influencia de los concesionarios de la radio y la televisión y de  otros sectores acaudalados,  que en el pasado inmediato derivó en un poder fáctico contrario al orden democrático. Sin embargo, la disposición respecto de que el IFE es la única autoridad para administrar el tiempo de propaganda electoral en radio y televisión, y la prohibición terminante a personas morales y físicas a adquirir tiempo en esos medios bajo cualquier modalidad, no será suficiente para impedir que los dueños del dinero y de las corporaciones mediáticas sigan  induciendo la voluntad de los electores a favor o en contra de candidatos y partidos políticos.

Lo continuarán haciendo recurriendo a la promoción electoral disfrazada, promoviendo la percepción  que más les convenga a través de programas noticiosos y de entretenimiento, que van de los deportivos a  los cómicos, los de espectáculos y  las novelas, método que  nunca ha requerido de un contrato convencional  que puntualice que se está pagando por ese tipo de proyección, y que en los hechos es un beneficio que se otorga a quien compra un paquete de publicidad habitual en algún canal de televisión o estación de radio, situación que se refleja en la cobertura asimétrica e inequitativa que comúnmente realizan en tales casos.

Ese esquema viene utilizándose desde hace mucho tiempo  en mayor o menor medida, y que al no presentarse en forma de spot o promoción comercial, legalmente no se considera propaganda pagada, aunque todos sepamos que es producto de una transacción mercantil. Los concesionarios siempre han estado dispuestos a vender tiempo de publicidad en todo tipo de programación, buscando la ganancia material antes que un desempeño equilibrado y ético de su función social.

El fenómeno  de la propaganda político-electoral encubierta lo conocemos muy bien en la región lagunera, donde se encuentra tan arraigado que es un referente obligado. Basta con observar en época de elecciones cualquier canal televisivo o escuchar la radiodifusora que sea para detectar con relativa facilidad cuáles son los candidatos  preferidos de los noticieros y de los entrevistadores de los programas cotidianos, atención que desde luego no es gratuita,  porque precisamente en ellos sólo aparecen  los políticos de los partidos que en cada proceso son los que más derrochan recursos en publicidad electrónica. Por regla usual, hacer un convenio de publicidad con los medios locales, equivale por añadidura a obtener entrevistas, cobertura informativa y recibir un trato especialmente favorable.

Esto seguramente se reforzará con la reducción de los topes de gastos de campaña y el control del  IFE de los tiempos de radio y televisión en los procesos federales y locales, y seremos testigos mudos de cómo florece el mercado de la propaganda ilícita, disimulada  burdamente como cobertura noticiosa, entrevistas de actualidad sin costo o menciones de cualquier género, que se exhiben como emisiones no comerciales, aunque tengan el mismo o mayor efecto que un spot, toda vez que no existen instrumentos diseñados específicamente  para atajarlas, lo que resultará de nueva cuenta en ventajas ilegítimas para quienes tengan el capital económico o los elementos tecnológicos para difundirla, y  que no comparten el propósito de que las elecciones sean limpias y justas, es decir, democráticas. Encontrarán como burlar las leyes otra vez.

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