Estado Laico y Libertad de Expresión

1 noviembre, 2007 § Deja un comentario

Cecilio Campos Jiménez

“Quien busca la salvación de su alma y la de los demás, que no la busque por el camino de la política, cuyas tareas, que son muy distintas, sólo pueden ser cumplidas mediante la fuerza. El genio o demonio de la política vive en tensión interna con el dios del amor, incluido el dios cristiano en su configuración eclesiástica, y esta tensión puede convertirse en todo momento en un conflicto sin solución”.

Max Weber

La iglesia de Roma busca ampliar sus espacios e influencia en México, ha iniciado y desplegará en los próximos meses un intenso activismo, para abrir la posibilidad de  impartir  educación religiosa, poseer estaciones de radio y televisión,  y que a los sacerdotes se les concedan derechos políticos. La legislación actual, a fin de limitar el poder de las iglesias, restringe los derechos de los ministros de culto, votan pero no pueden criticar las leyes o al gobierno, postularse a cargos de elección o ser funcionarios públicos.

El Cardenal Norberto Rivera Carrera recientemente pidió que se les trate con igualdad respecto al resto de los ciudadanos, y que todos debieran tener derecho de expresión, de reunión así como eventualmente ser votados. Para él, las restricciones  vigentes aplicadas a los sacerdotes son incomprensibles en una verdadera sociedad democrática. Por su parte, el Canciller del Vaticano, Dominique Mamberti, planteó abiertamente realizar modificaciones al marco jurídico de  México a fin de “garantizar el derecho a la libertad religiosa”.

En 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se emprendieron cambios a la carta magna para retornarle a la iglesia su status jurídico,  se reestablecieron relaciones diplomáticas con la santa sede, pero se siguieron manteniendo limitaciones en el campo de la educación y los medios de comunicación.

Las pretensiones de los jerarcas católicos pone en la mesa  del debate el papel de las iglesias y los derechos de sus ministros en el estado  democrático. Por un lado, los clérigos y quienes están de acuerdo con reconocer la participación de los religiosos,  proponen que se trate por igual a todos los ciudadanos, otorgándoles los mismos derechos y obligaciones,   en contraste, los laicos afirman que dicho estado  es, en esencia, independiente de cualquier organización o confesión religiosa,  y así lo concibe la gran mayoría de la sociedad, que rechaza que los religiosos tomen parte  en la política.

El investigador Lorenzo Córdova comenta que cuando la iglesia católica demanda mayor libertad de expresión, su principal intención es que en las escuelas públicas se imparta educación religiosa y tener a su disposición medios de comunicación para tratar temas políticos en el culto. En efecto, en el nombre de la libertad de expresión y bajo el reclamo de una mayor libertad religiosa se encubren exigencias más ambiciosas, la iglesia de Roma quiere que se le incluya en  la Reforma del Estado y ser parte de los poderes constitucionales.

Además de su poder espiritual, acaricia la posibilidad de complementarlo con el poder terrenal para tener acceso a una mayor ingerencia en los temas nacionales y en la definición de políticas públicas, lo cual desde luego no es recomendable, dada  su tendencia a reducir los problemas  económicos, políticos y sociales en general a cuestiones meramente de  fe.

Algunos analistas consideran que la aspiración del clero a mayores espacios e influencia, se debe a que el clero percibe como derrotados a los sectores liberales del país,  a que puede  aprovechar sus buenas relaciones con el gobierno conservador de Felipe Calderón, y a que es tiempo de hacer valer sus añejos nexos con el  derechista Partido Acción Nacional. El clero sabe que en el gobierno federal, en el PAN y en los sectores duros que lo apoyan, existen fuertes opositores al laicismo.

Las propuestas del clero han recibido muchas críticas y son vistas con gran  recelo por diversos sectores de la población. Humberto Zazueta, Diputado Federal del PRD, señaló que la Constitución de la República en su artículo 24, manifiesta que todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade, que el propósito real del Canciller Mamberti es obligar al estado mexicano a abrir la posibilidad de adquirir medios de comunicación de parte de las iglesias.

Con todo y que no hay cifras confiables acerca de los católicos practicantes en el planeta, destaca en los datos estadísticos oficiales que nuestro país es el segundo en número de católicos en el mundo, con aproximadamente 95 millones, sólo después de Brasil que tiene 139 millones. En el continente americano se concentra la mitad de los casi 1,100 millones de profesantes de esa religión en el orbe, según afirman fuentes del Vaticano.

Sin embargo, su cantidad desciende porcentualmente de forma relativamente ligera  a nivel mundial, (de 17.99 % a 17.20%) debido al crecimiento demográfico de la población, pero en el caso de México se especula que el retroceso es de hasta un 8%,  debido además al incremento de las denominaciones evangélicas,  por lo cual resulta muy tentador  para la iglesia católica nacional disponer de estaciones de radio y televisión para sostener su feligresía y reposicionarse en el mercado religioso, a la vez que le permitiría  intervenir de manera directa en el mercado político, una vez que le fueran reconocidos derechos ciudadanos plenos.

De hecho en estos momentos las iglesias transmiten vía electrónica a través de diversos medios, que en algunos casos específicos prácticamente les han subconcesionado su señal, lo cual es ilegal,  situación que fue analizada  oportunamente por  kioSco en una edición anterior.

La iglesia católica ya conoce las posibilidades de los medios masivos de difusión electrónica, y resulta apetitoso, más práctico y económico  poder trasmitir desde foros propios, en lugar de tener que negociar con  los actuales concesionarios y pagarles elevadas sumas de dinero.  Recordemos el caso de la mediática Iglesia Universal del Reino de Dios, dueña de la cadena televisiva Red Record, que se sirve de la tecnología de telecomunicaciones  como instrumento de penetración y crecimiento, que en pocos años la ha llevado a establecerse en un gran número de países de todos los continentes y contar con millones de seguidores.  (kioSco 32, septiembre del 2007).

Con todo y sus matices en nuestra nación existe libertad religiosa. Coexisten diversas denominaciones y credos en un ambiente aceptable de tolerancia y respeto. El marco jurídico en la materia establece cabalmente ese derecho, y reconoce las diferencias entre la dimensión terrenal y la espiritual,  delimita de forma clara y saludable el ámbito de cada una.

El Estado democrático es laico por antonomasia, pretender que los clérigos participen en la política es tan contradictorio como imaginar a cualquier político predicar desde el púlpito. Los ministros de culto, antes de pensar en aspiraciones seculares como tener cargos públicos, deberían preocuparse primordialmente en la vida espiritual de  los creyentes de las congregaciones a las que pertenecen,  y no pretender impartir educación religiosa en las escuelas, porque eso sí socavaría la libertad y  el derecho que todos  tenemos a creer en lo que mejor nos parezca.

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