Al Canal 2 la guerra sucia no le alcanzó para una concesión

1 octubre, 2006 § 2 comentarios

Cecilio Campos Jiménez

El 24 de agosto del año 2006, a las 14:30 horas, la Procuraduría General de la República cateó las instalaciones de canal 2 en  Torreón,  por mandato judicial que se desprende de una denuncia penal interpuesta mes y medio atrás, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debido a que venía transmitiendo ilegalmente usando una señal cuya concesión había expirado hacía varios meses. El canal inició sus transmisiones el 8 de mayo de 1968, según Julieta Carabaza e Irene Ewald en el libro Historia de los Medios de Comunicación en Coahuila,  siendo en esa época el único medio local en su tipo, aparte del Canal 4,  que empezó funcionar en la misma ciudad en 1958 y fue vendido en 1975 a Televisa, de acuerdo con Ewald y Carabaza.

Hace  10 años los trabajadores que operaban Canal 2, afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, (STIRT), entraron en un conflicto laboral con el concesionario original, Juan Manuel Acosta, que derivó en  una huelga que paralizó sus actividades; litigio  que sigue vigente y del cual kioSco informó en el número7, de julio del 2005. Aún se puede observar una  bandera rojinegra en el domicilio que tenía por la Calzada Colón, desde donde transmitía antes de la suspensión de labores.

A la fecha de su aseguramiento por la PGR, tenía aproximadamente 4 años que había reiniciado transmisiones pese al paro laboral existente,  mediante amparos y otros recursos extralegales, aprovechando que el transmisor estaba en poder del concesionario, y apoyado por un grupo de “comunicadores” como ellos mismo se autodenominaban, que aprovechando la situación del canal, abusaron hasta el exceso de la libertad de expresión, recurriendo abiertamente al chantaje televisivo que llegaba a rayar en el insulto y el ataque sistemático, o en la apología burda y abyecta, según el caso y “previo convenio” económico.

Fue la  expresión extrema de un antiperiodismo que tiene antecedentes en la región lagunera,  en donde la mayoría de los medios de comunicación están  acostumbrados a medrar a costa del erario público; ojalá kioSco nunca caiga en eso.

Se sabe, pues nadie lo dice de forma abierta, que en los pasillos políticos y funcionarios gubernamentales de ambos lados del río Nazas, celebran  que ya no serán víctimas de la extorsión y el fustigamiento mediático de quienes de facto controlaban el Canal 2, y se congratulan que sus acosadores ahora son perseguidos como delincuentes.

 Cabe mencionar que entre sus clientes  se encontraban algunos Ayuntamientos  con los que realizaron diversos contratos de publicidad, y que al operar ilegalmente la señal también resultan cuestionables jurídicamente.

 Sospechosamente, el desmantelamiento de las operaciones ilícitas de este conjunto de individuos, dirigidos por Juan Manuel Acosta, que han violado flagrantemente las leyes federales de radio y televisión, y de telecomunicaciones,  se produce en virtud de una querella que presenta la SCT unos cuantos días después del 2 de julio, en el que se desarrolló la jornada  para renovar la presidencia de la república y el congreso de la unión, acción legal sustentada en el hecho que su otrora concesión había expirado “hacía varios meses”, pero sin precisar cuándo en el boletín informativo que se dio a conocer.

Lo cierto es que además de los chantajes, el pan diario de sus transmisiones era descalificar, injuriar y difamar a Andrés Manuel López Obrador, desde mucho antes que se registrara como candidato, y a los partidos políticos que lo postularon, principalmente al PRD, y contra quienes  emprendió una violenta campaña negativa, incluso más cruda y estridente que la guerra sucia televisiva desatada a nivel nacional.

Es difícil que tal circunstancia no despierte suspicacias. Lo más probable es que los responsables del Canal 2 creyeron que  a cambio podrían recibir una nueva concesión, o por lo menos seguir funcionando irregularmente, siendo tolerados por las autoridades competentes en la materia; como así parece que sucedió durante algún tiempo, aprovechando una coyuntura política trascendente para el  país, durante la cual, públicamente, antes y después de  la elección, los personeros de dicho medio se ufanaban en sus noticieros  que recibían directamente de México la línea editorial  que consistía de manera central en cuestionar a López Obrador y al PRD.

A final de cuentas, la persecución mediática que armaron no  les alcanzó para lograr lo que pretendían,  y la retribución ha sido los procedimientos penales y administrativos en su contra, y desde luego, la desaparición de la señal y la actividad que venían usurpando.

 

 

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