La garantía de secreto profesional, avance para la libre expresión de periodistas

1 junio, 2006 § Deja un comentario

Despenalizar los “delitos contra el honor”, otro adelanto

Julio César Ramírez

En México no existen plenas garantías para el ejercicio de la libre expresión periodística. ¿Qué clase de libertad tiene un periodista cuando su vida está amenazada?

A pesar de que la exigencia de garantías para la libre expresión de las ideas aparece en la lucha libertaria de México desde el siglo XIX, fue apenas en abril de 2006 que el senado de la República le pasó a la cámara de los diputados federales la solicitud para que el presidente Fox instituyera lo que se ha dado en llamar el “secreto profesional”, la “reserva de información” y la “despenalización de los delitos de injuria, difamación y calumnia”, que son normas jurídicas de amparo a los periodistas y en algunos casos a otros profesionistas, pero no más.

Para alcanzar este avance legal —considerado “mínimo” por unos e “importantísimo” por otros— innúmeros periodistas tuvieron que desplegar desde hace dos años una gran movilización a raíz de que reporteros de los diarios La Jornada y El Universal fueron citados por el ministerio público para que revelasen sus fuentes de investigación de diversos delitos. Hubo quienes vieron en esos citatorios la incompetencia de la autoridad en los asuntos que decía averiguar.

Esto motivó que en el estado de Morelos se instituyera el secreto profesional de los periodistas en la Constitución local luego de una lucha singular que fue la base para que se creara la Asociación de Profesionales de la Información.

En Baja California está pendiente de aprobación una ley similar, promovida por el PAN. Y en el Distrito Federal el asambleísta del PRD Carlos Reyes Gámiz tiene presentada una iniciativa en el mismo sentido.

Mas el detonante que obligó a los diputados federales a reformar la ley fue la agresión que sufrió a sus derechos como informadora la periodista Lidya Cacho, denunciante de pederastas y cómplices, que dio lugar a que el gobernador de Puebla, Mario Marín, se encuentre indiciado como copartícipe de los ataques provenientes de una red de violadores y traficantes de niños que según las investigaciones pasa también por la región de la Laguna.

Inmediatamente después de que los legisladores federales, principalmente panistas, votaron a favor de la “Ley Televisa”, vino la reforma al Código de Procedimientos Penales y al Código Penal Federal, a fin de garantizar que los periodistas en México no sean citados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o se encuentre en su poder.

El “secreto profesional” pretende garantizar a los periodistas la facultad de mantener bajo reserva la fuente de su información ante las autoridades federales y locales en territorio mexicano.

Con esto, las autoridades de procuración de Justicia, como el ministerio público por ejemplo, no podrán citar a los reporteros a comparecer para que revelen el origen de su información. Cabe recordar que en el sexenio de Vicente Fox las autoridades persecutoras del delito tuvieron como procedimiento usual el citatorio de periodistas para que revelaran sus fuentes de información.

Los funcionarios que pretendan obligar a los periodistas a revelar sus fuentes de investigación recibirán sanciones penales y multas, según estableció la reforma aplicada por la cámara de los diputados al Código Penal. Se despenalizan, además, la injuria, la difamación y la calumnia, con acuerdo en las modificaciones a los códigos federales Penal y de Procedimientos Penales.

Se suprimió la amenaza de cárcel a los reporteros al sacar del ámbito penal esas infracciones que genéricamente eran denominadas “delitos contra el honor” e incluirlas dentro del Código Civil Federal.

En la legislación de muy pocos países subsisten tales delitos como punibles penalmente y sólo se les considera pertenecientes al orden civil, sin ameritar detención ni cárcel a los periodistas que en el ejercicio profesional de su actividad pudieran caer bajo alguno de sus supuestos jurídicos.

En cuanto al secreto profesional, la comisión de Justicia y Derechos Humanos de la cámara de los diputados dictaminó que los periodistas, así como otros profesionales entre los que se considera a los abogados, los consultores técnicos, notarios, médicos y ministros de culto religioso, entre otros, tendrán la garantía de abstenerse de declarar ante el ministerio público; decisión que se deberá hacer del conocimiento de la autoridad que requiera la declaración o testimonio.

El secreto profesional y la reserva de información son dos instituciones que garantizan el derecho de las personas que se desempeñan en cualquiera de las actividades descritas a no revelar información que les sea proporcionada, dice la exposición de motivos de la iniciativa de reforma.

Antes, la obligación penal de revelar las fuentes de información constituía una penalización de hecho de la tarea del informador ya que al ejercer esta atribución la autoridad ministerial consideraba a priori que había una vinculación delictuosa entre el informador y la fuente.

Por 370 votos a favor y tres abstenciones, los diputados turnaron las reformas al presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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