El Derecho a la Información y las veleidades contradictorias en La Laguna

1 junio, 2006 § Deja un comentario

Por Daniel Maldonado

 La controversia que se dio hace unos meses entre el rango de acción del Reglamento de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Torreón y la Ley de Transparencia  del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, ponen ante nuestro juicio los planteamientos sobre el alcance del derecho a la información. Según un análisis de Sergio López-Ayllón en El derecho a la información como derecho fundamental (http://www.bibliojuridica.org/libros/1/7/5.pdf) las restricciones en el derecho a la información sólo pueden suprimirse cuando se daña a terceros, se altera el orden público y la seguridad nacional, se agrede a grupos vulnerables como los niños, o cuando colisionan con el derecho a la vida privada, la intimidad, el honor y la reputación.

Las distinciones entre los alcances del derecho a la información son susceptibles de muchos alegatos que difieran el margen de legalidad y protección de los datos que por ley están contemplados (artículos 6º, 7º, 3º y 130 de la Constitución, 19.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

La diferencia entre los rangos de acción de una ley de carácter municipal y un organismo estatal demuestran que no importa tanto la relevancia entre lo informado y su publicación como el posible beneficio o perjuicio de los interesados en la difusión de los datos.

Si el derecho a la información depende de las veleidades y lineamientos de un instituto, entonces los alcances del derecho a la información se verán condicionados por el emisor de los datos, lo que demuestra que la legalidad del acceso no se sostiene como un bien establecido sino que responde a los intereses particulares de los informadores.

Es difícil tasar un comparativo entre los beneficios o los efectos que la revelación de datos pueda otorgar, si se busca por ejemplo la cantidad invertida en obras públicas o los receptores de concesiones gubernamentales y la ley considera que el dato puede dañar a los beneficiarios de las concesiones, entonces el alcance de la ley se verá destrozado por el parcialismo informativo del instituto encargado de emitir la información.

En los medios también los alcances de la información son continuamente castrados por las decisiones editoriales, los compromisos gubernamentales y los intereses comerciales que las empresas contraen, los temas de moda, el afán de venta, la conveniencia del momento político hacen que las posibles investigaciones independientes queden desfasadas del devenir informativo a favor de lo ya antes mencionado, un comercialismo e intereses que oculten la realidad para los receptores de noticias.

El derecho a la información sufre las trabas de proceder de una legislación indefinida, los efectos que produce su alcance y los posibles beneficios o perjuicios que los datos conllevan. Si el derecho a la información es por la vía legal una de las garantías primordiales, entonces no caben controversias entre el rango de acción de los aparatos gubernamentales implicados en la difusión de datos.

Las agencias noticiosas y los periodistas independientes forman parte de un contrapeso que auxilie para evitar el monopolio de los informes, las restricciones en su acceso y las negativas a un derecho primordial instituido en la Constitución.

 

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