El Senado aprueba las reformas a la Ley de Radio y Televisión para favorecer de manera anticonstitucional a los principales concesionario

1 mayo, 2006 § Deja un comentario

Se intensifica la Guerra Sucia televisiva

Cecilio Campos

 “…es la televisión un ojo que, siendo nuestro, nos mira a nosotros mismos,  pero ¿Quién gobierna ese ojo, ese sentido extraordinario, esa prolongación de nosotros mismos? Y ¿Qué es lo que ese ojo-oído realmente nos hace ver y oír?”.

 Ludovico Silva

La aprobación en el Senado de la República  a las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión,  por la coalición de facto  PRI, PAN y Partido Verde, en complicidad con la oligocracia mediática, deja a la sociedad en estado de indefensión frente la consolidación del poderío de TELEVISA y TV AZTECA; maniobra que forma parte de las modificaciones transexenales para acotar las facultades presidenciales en materia financiera y de telecomunicaciones, ante el inminente triunfo de Andrés Manuel López Obrador el 2 de Julio del 2006, y es un ensayo más de la manera como actuará el próximo Congreso de La Unión, quien se ha convertido abiertamente en un instrumento de poderosos grupos económicos y políticos, cuyos intereses se encuentran por encima de la mayoría de los mexicanos. La aprobación es anticonstitucional porque violenta los artículos 2, 28 y 134 de nuestra carta magna.

Finalmente la coalición de facto PRI-PAN-Partido Verde aprobó en lo general en el Senado de la República, las reformas anticonstitucionales a la Ley Federal de Radio y Televisión, votada el 30 de marzo y publicada en el diario oficial de la federación el 11 de abril del 2006; con el beneplácito de Vicente Fox, pese a las denuncias públicas en el sentido de que sólo beneficia  a los principales concesionarios de los medios electrónicos, pues su objetivo evidente es  mantener y potenciar el régimen discrecional que tanto ha favorecido al duopolio TELEVISA-TV AZTECA, que literalmente se apoderan de casi la totalidad del espectro radioeléctrico nacional consolidando un modelo de comunicaciones, basado en una visión enteramente mercantil concentrado en unas pocas manos; modelo que excluye el interés público y que no se compromete con la democracia.

Con el arrodillamiento de los legisladores, víctimas y cómplices de  las televisoras, se pierde la oportunidad histórica de construir democráticamente una regulación que tomara en cuenta la participación social;  que asumiera temas como el acceso al espacio radioeléctrico de diversos sectores de la comunidad; que la Radio y Televisión  se articularan realmente con los intereses de la población, ejerciendo un periodismo profesional y objetivo, garantizando el derecho de los ciudadanos a estar informados; y que se restringieran la discrecionalidad y privilegios excesivos de los medios.

En suma, sentar nuevas bases para un desempeño equilibrado de su función,  para una relación saludable con  la sociedad, los partidos políticos y el gobierno;  convirtiéndose en facilitadores de la transición democrática.

Al permitirse tal y como fue planteada por la Cámara de Diputados el 1° de diciembre del 2005, se refuerza el papel mediatizador de los grandes consorcios de la difusión masiva, que cada vez más interactúan con mayor audacia con los poderes formales, ya que presuponen que tienen la prerrogativa de lucrar económica y políticamente con nuestra naciente democracia. Sólo se constituyen en un aparato de control social que genera dependencia y enajenamiento.

Con las reformas a esta ley, hecha a la medida de la oligarquía mediática, los ciudadanos quedamos definitivamente en estado de indefensión, ya que no establece condiciones para ejercer una libertad de expresión plena, ni garantiza el derecho de los mexicanos a estar informados objetiva y oportunamente; en cambio nos  vemos envueltos en situaciones degradantes y de retroceso, como la guerra sucia televisiva que ha desatado el partido en el gobierno, cuya violencia no tiene precedente, que se intensifica en la medida que se acerca el 2 de julio ya que Andrés Manuel López Obrador sigue manteniendo una clara ventaja en las preferencias electorales rumbo a la presidencia de la república, y cuyo triunfo en las urnas se pretende evitar a toda costa recurriendo a una campaña de lodo, calumnias, descalificaciones y amenazas; tratando burdamente de revivir el voto del miedo, tácticas que únicamente provocan un enrarecimiento del ambiente político-electoral y un mayor desencanto hacia la democracia que seguramente  inhibirán aún más la participación ciudadana, teniendo como espectador a un IFE que se ve rebasado por el gobierno federal y los partidos, que no aceptan la voluntad popular cuando no les conviene.

Con dinero baila el perro

A quien más gasta en contratar  publicidad en los medios se le trata mejor.  Sobre todo en televisión se le concede más cobertura, aparece más tiempo aire; así ha sido siempre. Nada nuevo bajo el sol.

El 17 de abril se  ventiló  una controversia acerca de cuáles candidatos presidenciales tienen mayores espacios en los noticieros informativos de TELEVISA y TV AZTECA, filtrándose que el primer lugar lo tiene López Obrador, Felipe Calderón el segundo y Roberto Madrazo el tercero, aunque el IFE se apresuró a no confirmar ese reporte, que se atribuye a  IBOPE, empresa líder especializada en medición de medios. Lo cierto es que, quién más ha invertido para promocionar su imagen en radio y televisión es el candidato del PAN. Ante ese datos es ingenuo sugerir que no recibe un trato preferencial, en cuanto a cobertura en los noticieros y en los contenidos de otros programas televisivos y radiales.

En 11 de abril del año en curso, a través del periódico La Jornada, AMLO comentó lo siguiente: “Aprovecho para mandar un mensaje respetuoso al dueño de Televisa, Emilio Azcarraga Jean, que vamos a estar pendientes de los contenidos y que los medios de comunicación tienen la obligación de informar con objetividad y profesionalismo, y que no se pueden convertir en el fiel de la balanza”.

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