El Gobierno de Hernández Deras se negó a informar sobre los gastos de publicidad de Guerrero Mier

1 abril, 2006 § Deja un comentario

la CAIPED le ordenó al gobernador que diera a conocer los datos

 La Ley de Acceso a la Información de Durango no termina de darse a conocer en el Estado, lo que dificulta que los habitantes puedan ejercer ese derecho ciudadano de escrutinio sobre la administración del gobernador Ismael Hernández Deras. En la Comarca Lagunera de Durango, las deficiencias sobre la aplicación de la Ley se reflejan en el desconocimiento que los mismos funcionarios del Edificio Durango, en Gómez Palacio, tienen sobre lo contenido en esas ordenanzas legislativas.

No existe la Unidad de Enlace que la propia Ley manifiesta, para que los solicitantes entreguen ahí las Solicitudes de Acceso a la Información, y no hay quien oriente sobre lo básico: donde, como, con quien; interponer una solicitud de acceso a la información.

De facto se convirtió en un derecho exclusivo de los habitantes de la capital del estado y no un derecho general como lo debe ser toda ley. Se confirma con los datos que exhibe la pagina en internet de la Comisión del Acceso a la Información Pública de Durango (CAIPED). Hasta el lunes 13 de marzo se habían presentado cuatro recursos de inconformidad, de los cuales dos se correspondían al gobierno del estado y dos a la Tesorería Municipal de Gómez Palacio, cuyo alcalde Octaviano Rendón Arce siendo diputado local, aprobó la Ley de Acceso a la Información y ahora sus funcionarios se encargan de incumplirla.

  El cincuenta por ciento de los recursos de inconformidad corresponden a la Tesorería de Gómez Palacio y el otro cincuenta por ciento, al gobierno del estado. La grisura se establece en el gobierno del estado que dirige alguien que fue alcalde, diputado federal y senador; y en el municipio de Gómez Palacio lo dirige un notario que fue diputado local.

 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE

 

DEPENDENCIA O ENTIDAD ANTE LA CUAL SE PRESENTÓ LA SOLICITUD

 

 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN

 

 

RR0001/05

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

 

REVOCA

 

 

RR0002/05

 

TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO

 

 

 

REVOCA

 

 

RR0003/05

 

TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO

 

 

REVOCA

 

 

RR0004/05

 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE DURANGO

 

 

 

DESECHADO

 La revista duranguense Contralíneas, de febrero pasado,    en el número 36, señala que  “A pesar de ser aprobada hace casi tres años, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango ‘está como la carabina de Ambrosio’ o ‘hace lo que el aire a Juárez’       –según se dice aquí de lo que no sirve, es inútil, inocuo o hace nada–, luego de transcurrir por un ‘boom’ pasajero, que a año y medio de su entrada en vigor parece quedó atrás para dar paso a la etapa de desencanto de los pocos ciudadanos responsables que se han atrevido a hacer uso del derecho que legisladores locales e instancias oficiales ‘vendieron’ a la opinión pública como ‘una legislación de avanzada”.

Agrega “…que en la practica se ha probado con la entrada en vigencia de la citada Ley, el pasado viernes 27 de agosto del 2004 –a dieciocho meses de ser aprobada–, es lo inaccesible que se ha tornado el acceder a la Información Pública en la entidad. Sin duda es un contrasentido, apunta: ‘Yo he solicitado información y lo único que hacen los entes obligados es negarla bajo cualquier argumento; agotan los plazos y después responden con cualquier excusa que impida dar los datos que uno solicitó…’

“Empero, la constante de los entes obligados es sacar acuerdos de última hora para determinar qué datos financieros, administrativos o de otra índole no pueden ser públicos, cuando la Ley marca claramente que se trata de información catalogada en esta categoría: información pública.

“Y si algo faltara en la aplicación de la mentada Ley, cuyos reglamentos en el ámbito municipal debieron entrar en vigor al 28 de febrero del 2005, en Durango la característica es que los máximos órganos que determinan el curso que debe seguir una controversia relativa a la denegación de información, están integrados ni más ni menos que por los mismos titulares de las dependencias a las que se investiga, sean estatales o municipales, según el ente obligado del que se trate.

“Es decir, en estricto son jueces y parte de las controversias. Desde alcaldes a directores de dependencias, son los supuestos ‘defensores de los afectados por la negativa a informar de los mismos funcionarios”.

La publicación relata que un ciudadano se inconformo ante la negativa del gobierno del Estado, de dar a conocer el gasto de la dirección de Comunicación Social en publicidad gubernamental y los criterios que aplica para la asignación de publicidad política a los medios informativos locales, situación que llego hasta la Comisión de Acceso a la Información Publica de Durango y que a continuación se relata.

La resolución de la CAIPED en el caso de la Dirección de Comunicación Social de Durango

 En la solicitud de Acceso a la información se pedían las cantidades y los medios en los que se invirtieron recursos públicos por concepto de publicidad. Ante la negativa del gobierno del estado de proporcionar los datos, el solicitante se inconformo y la CAIPED resolvió a su favor. Las partes sustanciales de la resolución que se puede consultar en la pagina en internet de la CAIPED manifiesta “…Aunado a lo anterior, atendiendo al concepto de agravio, esto: el daño o perjuicio que se infiere al gobernado por parte de una autoridad, en relación con las garantías de la que es titular, al realizar un hecho positivo o negativo; el solicitante, al interponer el recurso de inconformidad correspondiente, manifestó: que la dependencia de la que requiere información, además de plasmar una respuesta negativa, le impide de manera clara conocer si los recursos públicos empleados se aplicaron con responsabilidad y apego a la ley, pues considera que se deben dar cuentas claras a los contribuyentes; que al contestarle que es información de carácter restringido, se omitió especificar el número de la fracción contenida en los artículos 16 y 17 mediante la cual se clasifican los datos que pide como reservados, y considera que la información por él requerida no se enmarca en ninguna de las fracciones del artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que se trata del ejercicio de recursos públicos comprados o convenidos con los medios de comunicación que prestan un servicio para el Gobierno del Estado cumpla con el cometido de informar y difundir sus obras y acciones…”

“…Por otra parte, el solicitante, ahora recurrente, requiere a la dependencia estatal denominada Dirección de Comunicación Social, la siguiente información; ‘1.- El monto total de la partida presupuestas destinada para el área que dirige durante el ejercicio fiscal 2002, 2003 y 2004. 2.- En iguales periodos fiscales, el desglose de los recursos destinados en espacios comprados o convenidos con los medios electrónicos e impresos, cualquiera que sea la periodicidad de estos últimos, de carácter local, regional y nacional. 3.- El monto de los recursos que de manera mensual se destinaron y destinan a los medios electrónicos e impresos, cualquiera que sea la periodicidad de estos últimos, de carácter local, regional y nacional. 4.- Soporte estadístico, estudio de mercado y/o jurídico por el cual se decide la distribución de los recursos mediante convenio a los medios electrónicos e impresos, cualquiera que sea la periodicidad de carácter local, regional y nacional’. A esta  petición, el ente público obligado, por conducto de su titular, contesta anexando tres oficios, de los que destacan los montos totales destinados al área de Comunicación Social en los años 2002, 2003 y 2004, por cantidades de: $45’268,374.00, $42’648,396.00 y $41’843,856.00, respectivamente, con lo que considera se satisface el punto 1 de la solicitud de información y, en lo referente a los puntos 2, 3 y 4 del mismo escritor, se aduce que esta información es considerada como Reservada, e invoca para ello, como ya se dijo los artículos 16 y 17 de la Ley de Acceso a al Información Pública…”

“…Sin embargo, dado que es relativa al destino y aplicación de recursos que ya fueron ejercidos por la precitada Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, en los periodos fiscales 2002, 2003 y 2004, esta Comisión considera que la información de referencia es pública y debe darse a conocer, pues no se actualiza ninguna de las hipótesis que señala el articulo 17 invocado por el titular del ente público; es decir, que con su divulgación no se pone en riesgo la seguridad del Estado, ni la vida, la seguridad o salud de las personas, ni se trata de información sobre estudios, proyectos o presupuestos cuya divulgación cause daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, tampoco se trata de información particulares recibida bajo promesa de reserva, ni se trata de documentos o comunicaciones internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, etc. En efecto, la información solicitada se refiere a presupuestos que ya fueron autorizados y ejercidos en años anteriores, es decir, que no forman parte de procesos o futuras decisiones cuya divulgación pueda causar algún daño, así como también el estudio o soporte estadístico, de mercado y/o jurídico por el cual se decidió la distribución de los recursos. Por tanto, debe ser entregada al solicitante, la información en su solicitud en los puntos del 2 al 4”.

 

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