¿Hacia un Instituto Federal de Comunicación?

1 marzo, 2005 § Deja un comentario

Reseña legislativa sobre los medios electronicos

Jorge Villalobos

 Fue el año de 1921 cuando la radiofonía nace en nuestro país producto de una euforia simultánea a nivel internacional, –surgen las primeras estaciones en Holanda 1919; Estados Unidos 1920; Alemania 1923; etcétera— hacia ese prodigioso invento llamado la radio que transmitía la voz inalámbricamente a grandes distancias.

México en ese entonces aun vivía las convulsiones de la Revolución y los mexicanos poseíamos desde 1917 una nueva Constitución, flamante Carta Magna cuyo artículo 73, fracción X, faculta al congreso para legislar en toda la república sobre los hidrocarburos y la energía eléctrica; en el artículo 42 fracción VI, hace comprender dentro del territorio patrio el “espacio situado sobre el territorio nacional”.

El Diario Oficial publica el 6 de mayo de 1926 la Ley de Comunicaciones Eléctricas donde ya se inserta y distingue, propiamente, la radio; se reglamenta de manera ambigua varios aspectos como los técnicos y administrativos, dejando de lado el de los contenidos.

La radiodifusión fue experimentada en México entre 1923 y 1926; en 1928 operaban en el país 17 estaciones y durante 1929 transmitían 19 radiodifusoras en aquel escenario nacional pletórico de incertidumbres: es asesinado Álvaro Obregón; lo sucede Elías Calles.

Es en este río revuelto que se van estableciendo las bases legales y reglamentos para la radio: sobre los sólidos terrenos dictatoriales del partido único de México, el PNR (Partido Nacional Revolucionario, estado larvario del PRI), quien deja ver su filia en su declaración de principios y programa de acción en el ámbito de las comunicaciones del año de 1929 en el que textualmente manifestaban “Es necesario estimular, hasta donde sea posible, la iniciativa privada en el ramo, y reservar para el gobierno aquellas comunicaciones que se consideren del interés nacional y que la empresa privada no emprenda”.

Posteriormente y a lo largo de los años treinta, hubo acontecimientos que marcaron el desarrollo de la radiofonía y luego el de la televisión; desarrollo tendencioso y lamentable que en los cuarenta, y con la sacudida de finales de los cincuenta, entra en creciente crisis hasta los años setenta.

El presidente Ortiz Rubio expide un decreto relativo a la propaganda comercial por radio; poco después se promulgan en 1931 y 1932 sendas leyes de Vías Generales de Comunicación, en las que queda prácticamente marginada la comunicación radiofónica.

Unos años más tarde bajo la presidencia de Abelardo Rodríguez, se promulga la Ley de Impuesto a las Estaciones Radiodifusoras, así como el reglamento del capítulo VI del Libro Quinto de la Ley de Vías Generales de Comunicación, dedicado exclusivamente a la radio, y el cual será derogado en el gobierno de Lázaro Cárdenas por el Reglamento de las Estaciones Radioeléctricas Comerciales, Culturales y de Experimentación Científica y de Aficionados, que entró en vigor al inicio de 1937; dicho reglamento queda inválido por otro posterior, expedido por Ávila Camacho en 1942.

A la par de todo esto en 1936 Lázaro Cárdenas, promueve la Ley de Cámaras de Comercio e Industria, que torna obligatoria la corporativización de comerciantes e industriales, motivando la creación en 1937 de la Asociación Mexicana de Estaciones Radiofónicas Comerciales (AMERC), para conformar así la Unión de los radiodifusores comerciales lo que, a la postre, a finales de ese año se pusieron en discusión y a consideración de las partes interesadas el proyecto de una Ley de Vías de Comunicación. El presidente de la incipiente Cámara Dr. Luis de la Rosa y el abogado de la empresa XEW, José Luis Fernández, trabajaron en conjunto para proteger y velar por los intereses particulares de sus representados.

Durante los años cuarenta vendrá como desenlace y consolidación, el advenimiento de la inefable, excluyente, conservadora e inquisitorial Cámara –Nacional— de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), desgraciadamente los radiodifusores sin afanes de lucro, no se aliarán sino hasta los años setenta.

Llega 1960 año en que se promulga la Ley Federal de Radio y Televisión; gobernaba al país López Mateos. Hubo jaloneos en la comisión de los diputados conformada para la redacción de la ley. Queda lista y sometida a revisión por el Senado de la Republica donde se le hacen modificaciones sustanciales, las cuales fueron vistas por los de la Cámara baja como “traición al espíritu del documento”. Cabe decir que la comisión de senadores fue “asesorada activamente” ni más menos que por José Luis Fernández, experto en el menester radiodifusor y abogado, como se mencionó, de la XEW, además de ser vicepresidente y ex director general de la Asociación Internacional de la Radiodifusión –comercial— (AIR).

Con este marco de referencia histórica, es lógica la resistencia que en la actualidad muestran acendradamente empresarios de la radio y la televisión acerca de una reforma profunda de la Ley Federal de Radio y Televisión, puesto que han tenido, tienen y quieren conservar “ad infinitud” un privilegio enriquecedor pecuniariamente y un poder político-social descomunal, que les permite salvaguardar sus ingentes e inmorales ganancias, de lo cual el Gobierno ha sido, por omisión o comisión, el principal promotor.

Ya que este ha permitido por ejemplo, una absoluta discrecionalidad en el asunto de las concesiones a los empresarios, monopolizando éstos en buena medida, el cuadrante y las ondas, además de otros tantos “favores” recibidos por generaciones de ilustres empresarios mediáticos.

Sin embargo desde hace más de dos décadas han existido voces de expertos comunicadores, sociólogos y anexos propuestas congruentes con la realidad nacional en cuanto a una democratización de los medios electronicos de comunicación, relevante esto para el futuro de nuestra sociedad actual, propuestas que han sido no sólo ignoradas, sino hasta satanizadas por los adalides y subsidiarios de la sagrada iniciativa privada (CIRT), que continúan excluyendo a quienes pensamos que la situación debe cambiar para conformar, junto con la sociedad, el régimen legal de medios de comunicación y las instituciones reguladoras necesarias que estos tiempos exigen y el grueso de los mexicanos requerimos.

A pesar del horizonte gris que percibimos hoy, vemos luces prometedoras acerca de la reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión y la creación de un órgano regulador autónomo (tipo IFE), fundamental para la reforma del Estado, lo que a la vez permitiría amplificar de manera sustantiva nuevas inversiones en el sector, más y mejores empleos para la legión de profesionistas –amplia gama de comunicadores, actores, técnicos, etcétera–, desempleados, algo que el foxiato no ha entendido y no tiene visos de remediar, lo que queda confirmado con el tristemente célebre “decretazo” de octubre del 2002, el cual mediatiza y sofoca la iniciativa de una verdadera reforma.

Las opciones están dadas, manifiestas, en las afamadas “mesas del diálogo”, en el Congreso de la Unión, en la ciudadanía. Esperamos inteligencia, sentido común en quienes detentan el poder político y sobretodo, los del poder económico, para dejar de ser obstáculo y promuevan la creación, aprobación y aplicación de una legislación e instancias reguladoras adecuadas, acordes con las aspiraciones democráticas de una nación atribulada que urge a todos los actores de ella salir avante con el cambio que imploramos y necesitamos.

Concluyo el texto citando la admonición que hiciera Granados Chapa hace algunos meses en su columna Plaza Pública “…si no se corona la reforma de la radio y la televisión con un órgano de autoridad autónomo, integrado por ciudadanos que conjuguen prestigio y saber, surgidos de la sociedad y de cara a ella, habremos arado en el mar”.

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